Un 11% de los madrileños declara haber sido víctima de un fraude financiero

Un 11% de los madrileños declara haber sido víctima de un fraude financiero

  • Las víctimas de fraudes financieros señalan como consecuencia directa una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.
  • El 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica

 

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado recientemente la tercera edición del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, en el cual se describe la situación de la salud de la población madrileña atendiendo a un elenco de indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad y la carga de enfermedad, en relación con factores tanto sociales, económicos y  ambientales, como demográficos, del  sistema de cuidados y de los estilos de vida.

Este trabajo de investigación epidemiológica pretende conocer el estado y los principales problemas de salud de la población de la capital de España. Asimismo, el estudio pretende identificar los determinantes sociales y otros factores del entorno, como las diferencias territoriales existentes, y su repercusión en la salud de la población madrileña.

Los datos del estudio, que datan de 2018, destacan entre los factores de mayor incidencia los de índole socioeconómica. En concreto, este nuevo informe del Ayuntamiento de Madrid señala que un 11% de los encuestados declara haber sido víctima de algún tipo de fraude financiero en la última década y, además, señalan como una de sus consecuencias directas una peor salud autopercibida, una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.

De acuerdo con los datos del estudio, este tipo de problema viene afectando sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad, pues los productos financieros complejos se han vendido con frecuencia a personas mayores o sin conocimientos financieros y con escasa experiencia en inversión y funcionamiento de los mercados (p. 111). En este sentido, el informe trae a colación un estudio de María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología y ex patrona de la Fundación Finsalud, en el cual se reafirmaba que los fraudes financieros pueden ser importante factor de riesgo para la salud de la población.

Atendiendo al tipo de producto financiero, el 44% de las personas afectadas afirma que el fraude sufrido se relaciona con hipotecas, productos vinculados y otros créditos abusivos; y el 35% con productos de inversión. Respecto a su incidencia, el informe señala que “un 28,5% de las personas que lo han sufrido, tiene riesgo de padecer mala salud mental, frente a un 21% del conjunto de la población. Asimismo, el 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica, frente a un 39,9% en la población total. Un 31,1% manifiesta una mala percepción de su salud”.

Desde la Fundación Finsalud, llevamos años alertando del impacto que los fraudes financieros tienen sobre la salud de las personas. Por ello, creemos que los resultados de este estudio son prueba suficiente para que las autoridades adopten un papel más proactivo en la prevención de estos fraudes. El alto número de vecinos de la ciudad de Madrid que declaran sufrir problemas de salud como consecuencia de las malas prácticas financieras evidencia que es un problema de salud pública.

Puede consultar el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018 aquí.

Educación e Inclusión Financiera, dos caras de la misma moneda

Educación e Inclusión Financiera, dos caras de la misma moneda

La educación y la inclusión financiera están atrayendo cada vez más atención. Desde la crisis de 2008, cada vez son más las instituciones y entidades financieras que están desarrollando programas orientados al crecimiento económico y la equidad social. La potencial influencia de la inclusión financiera sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento económico e, incluso, la estabilidad del sistema financiero explica por sí misma la importancia de desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar que las personas tengan acceso a productos financieros útiles que satisfagan sus necesidades −de forma responsable, ética y sostenible−.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha, hace unos años, la  Red Internacional de Educación Financiera para la realización de investigaciones y el desarrollo de herramientas para apoyar a las autoridades públicas en el diseño e implementación de estrategias nacionales para la educación financiera.

Como continuación de estos trabajos, la OCDE ha publicado recientemente el informe International Survey of Adult Financial Literacy, en el que evalúa las competencias de educación financiera de la población de veintiséis países, entre ellos doce de la OCDE. Del mismo modo, el trabajo proporciona información sobre aspectos como comportamiento financiero y las behavioural finance.

Según los resultados obtenidos, el nivel de educación financiera mundial es bajo. De acuerdo con los estándares empleados, la población evaluada en el estudio obtuvo un 12.7 de 21 puntos, que representa el nivel básico de conocimiento y comportamientos financieramente prudentes. En este sentido, tan sólo el 26% de los adultos respondieron correctamente a preguntas básicas sobre intereses simples y compuestos juntos.

En consonancia con la actual crisis del COVID-19, el estudio también incluye datos acerca de la capacidad de recuperación financiera de la población (definida como ‘resiliencia financiera’). La información recabada sugiere que un 28% de los adultos encuestados solo disponen de un colchón financiero de aproximadamente una semana, si pierden sus ingresos principales. Otro 25% de la población podría resistir durante aproximadamente un mes. Y tan sólo un 15% y un 18% podrían resistir entre tres meses y seis meses y por más de seis meses, respectivamente.

El estudio también tiene en cuenta varios factores a la hora de identificar los grupos más vulnerables. En concreto, la OCDE alerta de la incidencia del género en los conocimientos financieros. Según los resultados, los hombres tienen mayor conocimiento que las mujeres. Según la OCDE, estas disparidades en la educación financiera agravan las dificultades de las mujeres para asegurar su futuro financiero y su bienestar. Asimismo, atendiendo a la edad, la OCDE pone de manifiesto la rápida evolución del sector financiero con respecto a las personas mayores, en especial, por su escasa alfabetización digital.

En los últimos años, hemos asistido a un proceso de digitalización de productos y servicios financieros que, con el fin de asimilar estos cambios, requiere fortalecer la alfabetización financiera digital de los usuarios ya que, pese a los extraordinarios y múltiples beneficios de la innovación financiera, la digitalización del sector financiero también trae consigo algunos riesgos. Al bajo nivel de educación financiera puede adicionarse ahora una falta de alfabetización digital; hecho que puede agravar la exclusión financiera de ciertos sectores de la población. De ahí, que sea imprescindible que las estrategias nacionales de educación financiera vayan de la mano de la educación digital, en especial para los no “nativos digitales”.

En un sistema financiero en el que los canales y productos financieros digitales le ganan terreno a los productos y servicios tradicionales, los consumidores precisan ya no sólo de un alto nivel de educación financiera, sino también de un comprensible conocimiento del funcionamiento de las tecnologías. En palabras de nuestro patrono y también profesor universitario Fernando Zunzunegui, “los clientes Fintech deben ser informados en lenguaje llano del riesgo de operar con algoritmos y del uso que se hace de sus datos personales. No debería admitirse la comercialización de cajas negras de riesgo desconocido”.

La voz de los eurodiputados

La voz de los eurodiputados

Publicado en El País, por Andreu Missé

AFP Francisco Seco

Si alguien alberga dudas sobre la relevancia del pacto alcanzado en el último Consejo Europeo, sólo tiene que pensar cuál sería la situación si el cónclave hubiera terminado sin acuerdo. Las crónicas de los periódicos, especialmente las de este diario, dan buena cuenta de los riesgos por los que ha atravesado el proyecto europeo durante las reuniones del 17 al 21 de julio.

El acuerdo de financiar la recuperación económica y especialmente a los más necesitados con una deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones son subvenciones sin obligación de devolución, es un hito histórico. El contenido del pacto, sin embargo, ha sido duramente censurado por parte de los eurodiputados por los retrocesos que supone en aspectos sustanciales. Es dudoso que exista una voz más autorizada y con más compromiso europeo que el Parlamento de Estrasburgo. Por ello es muy recomendable prestar atención a las fundamentadas críticas de los eurodiputados a las conclusiones de la reciente cumbre. No se trata de retórica. Tal como ha advertido el presidente David Sassoli, “somos autoridad presupuestaria y tendremos la última palabra”.

Europa no es sólo un presupuesto y una capacidad para compartir determinadas deudas. La Unión es sobre todo una construcción de derecho que otorga a sus ciudadanos un nivel de protección y garantía de libertades que son referencia mundial. Los españoles tienen numerosas pruebas de cómo sus derechos esenciales han sido elevados por las directivas europeas y el Tribunal de Justicia.

Por esta razón es significativo que el Parlamento Europeo haya “lamentado profundamente” que el “Consejo Europeo debilitara significativamente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento para mantener el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en el MFP (Marco Financiero Plurianual) y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea”. El Parlamento había exigido vincular los fondos del presupuesto europeo al cumplimiento del estado de derecho a la vista de las violaciones ocurridas en Polonia y Hungría. La condicionalidad establecida por el Consejo es muy ambigua. Esta batalla no ha hecho más que empezar y el Parlamento tendrá un papel determinante.

Los eurodiputados ponen el dedo en la llaga al señalar otras importantes deficiencias del acuerdo. En primer lugar Europa dispondrá menos dinero. “A partir de 2024 el presupuesto de la Unión en su conjunto será inferior a los niveles de 2020, lo que pone en peligro los compromisos y las prioridades de la Unión, en especial el Pacto Verde y la Agenda Digital”.

La deficiencia de recursos es consecuencia de la falta de impuestos europeos que el Parlamento exige para garantizar la amortización del instrumento de recuperación.

En segundo lugar aumentan los descuentos de contribución al presupuesto europeo (cheques). Los beneficiarios son Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca. El aumento de los nacionalismos es uno de los problemas de fondo. Los líderes y los medios priorizan el dinero que cada país se lleva a su casa a costa de reducir los fondos para las políticas comunitarias.

La sentencia de Apple como revulsivo

La sentencia de Apple como revulsivo

Publicado en El País, por Andreu Missé

Thomas Peter / Reuters

La sentencia del Tribunal General de la UE que exoneró a la multinacional Apple de pagar 13.000 millones de euros por impuestos evadidos a Irlanda como había exigido la Comisión Europea ha sido una mala noticia para la fiscalidad en Europa. La Comisión trataba de desbaratar los sistemas establecidos en varios países como Irlanda, Holanda y Luxemburgo que permiten a las multinacionales una muy baja tributación para captar inversiones y empleos de alta cualificación.

 

Con independencia de los argumentos jurídicos del Tribunal General (primera instancia), cuya sentencia puede ser recurrida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), el asunto deja al descubierto una injusticia insostenible. Apple sólo pagó un tipo del 1% por el impuesto de sociedades por sus beneficios en Europa en 2003 que en 2014 redujo al 0,005%. El acuerdo significa importantes pérdidas de ingresos fiscales para otros países europeos. La resolución judicial pone al descubierto la desastrosa falta de armonización fiscal en Europa y puede actuar como revulsivo para replantear la regla de la unanimidad que permite a cualquier país bloquear el más mínimo avance. El comisario de Economía Paolo Gentiloni, ha señalado que la UE pierde cada año 131.000 millones por la evasión fiscal.

Desde la creación del euro, Europa camina a la pata coja por falta de política fiscal. Esto se refleja en la falta de impuestos propios para financiar su presupuesto y mantenerlo en un volumen raquítico de entorno al 1% del PIB europeo. Actualmente los ingresos fiscales de la Unión provienen en un 12% por derechos de aduanas; 12% del IVA y un 72% de transferencias de los Estados en función de su nivel de renta.

La necesidad de financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones, o la cuantía que se acuerde, para hacer frente a la crisis puede forzar la superación de la paralizante unanimidad en materia fiscal. Gentiloni y otros líderes han planteado la conveniencia de que las medidas fiscales se adopten por mayoría cualificada con el acuerdo del Parlamento Europeo y proponen nuevos impuestos europeos que gravarían los plásticos no reciclables, las actividades digitales y las importaciones de productos generados con altas emisiones.

Los nuevos impuestos son una exigencia perentoria. Marta Pilati, del Centro de Políticas Europeas (EPC), ha calculado que solo el reembolso sin intereses de los 750.000 millones del fondo prestados por la Comisión supondría el pago de 25.000 millones al año. Para el próximo presupuesto europeo (2021-2027) significaría una carga de 175.000 millones, sin contar los intereses. Pilati advierte de que la falta de ingresos propios puede conducir a “una opción más preocupante: recortar gastos futuros en políticas de la UE”. La sentencia Apple y el nuevo fondo de recuperación urgen que Europa armonice su fiscalidad o estará condenada a la irrelevancia.

El Supremo nos aleja de Europa

El Supremo nos aleja de Europa

Publicado en El País, por Andreu Missé

Por cuarta vez en poco tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha corregido al Tribunal Supremo (TS). El máximo tribunal español se resiste a asumir los derechos reconocidos a los ciudadanos en Europa. Está muy claro que hay una visión muy distinta de los derechos vinculados a la vivienda en Europa y en España. Las discrepancias se han producido en relación a distintas cláusulas abusivas de las hipotecas (suelo, vencimiento anticipado e IRPH).

La última sentencia europea del pasado día 9 ha sido por la novación de las cláusulas suelo que impiden a los hipotecados beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés. Tras la condena por abusivas de estas cláusulas en 2013, los bancos propusieron a sus clientes una pequeña rebaja de los intereses a condición de que renunciasen a reclamar en el futuro. El TJUE acaba de sentenciar sin resquicio para la duda que la renuncia a acciones judiciales sobre controversias futuras no vincula al consumidor por considerarla abusiva.

El empecinamiento de la sala Civil del Tribunal Supremo es de difícil justificación porque en estos supuestos había un magistrado, Francisco Javier Orduña, que había expresado su discrepancia, reconociendo los derechos de los consumidores en toda su extensión, cuya línea ha sido respaldada siempre por los jueces europeos.

La cuestión es grave porque la decisión del TJUE volverá a ser interpretada por el TS desde su particular perspectiva. En el alto tribunal se acumulan cientos de asuntos y en el resto hay más de cien mil de demandas que estaban pendientes de la decisión europea. Hay un problema de inseguridad jurídica. Pero cada vez son más los jueces de Primera Instancia y Audiencias Provinciales que aplican las sentencias del TJUE sin esperar al Supremo.

Javier de la Torre, el abogado de Independencia 24, que ha logrado el último pronunciamiento favorable de los jueces de Luxemburgo, está preocupado por esta situación: “Hay mucha gente perjudicada, cientos de miles de asuntos pendientes. ¿Hasta cuándo durará esta situación con unos magistrados que son inamovibles?”. El abogado advierte que “a mí no me gusta criticar al Supremo, creo que el problema se debe a que, por generación, sus miembros no estudiaron el derecho comunitario”. “Estos magistrados creen que en las relaciones entre banco y cliente hay una negociación y es entre iguales”, dice. “Me preocupa que esto afecta a la credibilidad de España y que los ciudadanos no confíen en el máximo tribunal español”.

La realidad es que hay un mal funcionamiento de la Justicia. El TS nos está alejando de Europa. Fuentes jurídicas apuntan que esta situación raya en la posible responsabilidad patrimonial del Estado, que acabarían pagando los ciudadanos. Queremos los recursos europeos, obtener puestos de representación en la UE, pero luego no aplicamos su legislación.