El coste humano de la relocalización

El coste humano de la relocalización

Emmanuel Macron y Angela Merkel, en la presentación de su plan de 500.000 millones de euros para la UE.Francois Mori / POOL / Foto de El País

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La concesión de ayudas públicas puede favorecer una fuga de industrias hacia los países de origen como Alemania o Francia

La iniciativa francoalemana de crear un fondo europeo de 500.000 millones de euros para afrontar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias es un paso histórico en la integración europea. Lo verdaderamente novedoso, que ha sorprendido a muchos euroescépticos, es que su mecanismo de financiación se basará en el endeudamiento común. El fondo se establece en el marco del presupuesto comunitario, lo que supone que Alemania, como principal contribuyente del mismo, (27%), es el país que carga con más responsabilidades.

Este indiscutible avance hay que situarlo, sin embargo, ante los grandes desafíos de la transformación industrial,acelerados con la pandemia. El documento firmado por Angela Merkel y Emmanuel Macron incluye el plan de “modernizar la política europea de competencia acelerando la adaptación de las normas sobre ayudas estatales y competencia”.

Existe una elevada probabilidad que la concesión de ayudas públicas favorezca una relocalización desigual de las industrias privilegiando a los países donde están situadas las sedes de las empresas fundacionales.Hasta ahora Alemania ha concedido más del 50% de todas las ayudas públicas aprobadas por Bruselas, mientras que las de España representan menos del 2%. Hay un riesgo serio de desindustrialización del sur con un terrible coste humano en materia de empleo.

Carlos Martínez Mongay, ex director general adjunto de la Comisión Europea, advierte de que la modernización de los criterios de ayudas de Estado podría traducirse en “una mayor tolerancia a la profusión de ayudas públicas concedidas a las empresas alemanas”.

El futuro del mapa industrial de Europa es vital para España, sobre todo para el automóvil. Se trata del segundo fabricante europeo, que emplea a 300.000 trabajadores, dos millones de indirectos y exporta el 82% de la producción.

La pandemia ha agravado la crisis preexistente de un sector sumido en una difícil transición hacia la producción eléctrica y una profunda reorganización internacional. En estos momentos, la decidida huelga de los más de 3.000 trabajadores de Nissan en defensa de sus empleos constituye un premonitorio indicador del trastorno que viene. El cierre de la factoría barcelonesa, en medio de la reorganización internacional del grupo Nissan – Renault- Mitsubishi, podría saldarse con traslados de la producción a Renault en Francia. Al tiempo que parte de la producción de Renault en España podría ir al Reino Unido.

Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya, considera urgente la acción del Gobierno en Europa para salvar las plantas de Nissan. En su opinión, “es fundamental que las ayudas públicas no se canalicen exclusivamente hacia los países en los que están situadas las empresas matrices. Deben distribuirse y apoyar a toda la cadena de valor que se crea en las factorías en distintos países”.

Europa, con su facultad de autorizar ayudas y fusiones, es el único poder capaz de introducir racionalidad en la reestructuración que viene. La salida de la crisis no solo es cuestión de solidaridad en el pago de las deudas sino que también exige un racional y justo reparto del empleo.

Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Entrevista a Andreu Missé, patrono de Finsalud

Missé alerta de que la pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental, aumentando la ansiedad y la angustia.

El confinamiento establecido para hacer frente a la propagación de la pandemia está afectando a la población de forma muy directa. Las consecuencias de esta situación abarcan factores económicos, sociales e, incluso, de salud.

Andreu Missé, patrono de Finsalud y fundador de la revista Alternativas Económicas, reconoce que los profesionales sanitarios se enfrentan a un riesgo tanto para su salud en general como por su salud mental.

Pregunta. ¿Cómo considera que afectará la crisis sanitaria y, especialmente el confinamiento, a la salud mental de las personas? ¿Cree que aumentará la demanda en la atención psicológica de algunos sectores de la población?

Respuesta. La crisis sanitaria del coronavirus y las medidas de confinamiento aplicadas para afrontarla están ocasionando serios problemas de salud mental a muchas personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el Covid-19 está afectando a la salud mental ahora y continuará haciéndolo en el futuro. Un estudio internacional liderado por Open Evidence, empresa impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya, revela que la salud mental de un 46% de los españoles está en riesgo por el coronavirus. En Wuhan, origen de la epidemia, el 53 % de la población ha recibido atención psicológica.

P. La crisis del COVID-19 está provocando graves problemas a nivel económico. Además, las previsiones del Banco de España y el FMI no son alentadoras para los próximos meses. ¿Cómo cree que afectará la situación económica y laboral a la salud de las personas?

R. La pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental. Aumenta la ansiedad y la angustia de los desempleados. Hay que tener en cuenta que la suma de los nuevos parados, los trabajadores afectados por los ERTE y los autónomos con prestación extraordinaria se eleva a 5,25 millones de trabajadores, lo que representa el 27,2% de los afiliados a la seguridad social, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, (Ivie).

P. La pasada crisis financiera provocó importantes problemas de salud en la población. La pérdida de empleo, la reducción de ingresos y las dificultades para hacer frente a créditos e hipotecas provocaron numerosos problemas de salud. ¿Cuál cree que serán las principales dificultades psicológicas a las que estará sometida la población?

R. El momento más crítico se producirá cuando terminen los ERTE, porque entonces se comprobará qué trabajadores vuelven a incorporarse al trabajo con normalidad y los que quedarán en el paro porque algunas empresas habrán cerrado o reducido su actividad. Este momento provocará fuertes tensiones de ansiedad y desesperación en las personas afectadas.

P. Según un estudio recientemente publicado por el Ayuntamiento de Madrid, el impacto de la crisis del COVID-19 está afectando de desigual forma a la población. ¿Quiénes considera que son los más vulnerables? ¿Cree que será necesario establecer medidas específicas de apoyo a ciertos sectores de la población?

R.Sin duda los más afectados son los profesionales sanitarios. El riesgo es tanto para su salud en general como por su salud mental. Algunos estudios apuntan que las enfermeras que están en primera línea son el colectivo más perjudicado. Lo prioritario es dotar a estos trabajadores con los equipos de protección necesarios y aumentar el número de profesionales para que no tengan que seguir con jornadas que requieren esfuerzos sobrehumanos.

“En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello”.

P. En relación con lo anterior, ¿cree que el gobierno debería reforzar los sistemas de atención primaria y, en particular, la atención psicológica?

R. Sin duda alguna. Los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica. En parte estamos pagando ahora dolorosamente los recortes irresponsables de la sanidad pública efectuados durante la última década. Una muestra de la situación de urgencia en que nos encontramos es que los Colegios de Psicólogos están ofreciendo servicios voluntarios para atender a las personas más necesitadas en todas las comunidades.

P. La OMS ha equiparado el daño psicológico de la población al que acontece en catástrofes y guerras. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.Me parece muy acertada la comparación. Las colas que estamos viendo de miles de personas acudiendo a los bancos de alimentos y comedores sociales son una imagen que se corresponden con lo que ocurre cuando se producen catástrofes y guerras. Hay que tener en cuenta que esta crisis, también miles de personas están perdiendo la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, los fallecidos superan ya los de la guerra de Vietnam.

P. ¿Cree que si, en los años precedentes se hubiese priorizado la inversión en programas de atención a la salud mental de la población, el impacto de esta crisis sería menor?

R.La salud mental es la gran olvidada de nuestro sistema de salud y nuestro sistema económico en general que prioriza ante todo la búsqueda de beneficios. En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello. Hay que reforzar los sistemas de atención a la salud mental, pero es mucho más urgente que evitar que se produzcan impunemente los agravios, los abusos, las estafas y los expolios que tanto daño han causado. Hay que democratizar nuestra economía, poniendo los derechos y la salud de las personas por encima de todo.

Karlsruhe y nuestros derechos

Karlsruhe y nuestros derechos

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La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha cuestionado la compra de deuda pública por parte del BCE, supone un ataque frontal a la primacía del derecho europeo.

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, que ha cuestionado la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, supone un ataque frontal a la primacía del derecho europeo.

Deslegitimar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas sentencias son vinculantes para los tribunales nacionales, es una grave decisión para los ciudadanos polacos y húngaros, cuyos derechos fundamentales están amenazados, pero también para los españoles.

Entre 1976 y el 31 de mayo de 2019 el TJUE ha dictado 92 sentencias sobre derecho de consumidores respondiendo a preguntas de jueces nacionales sobre si su derecho era conforme al europeo, más protector. Los españoles han sido los principales beneficiarios del TJUE al recibir 27 de las mencionadas sentencias, el 29%, el triple del peso de la población española en la UE. Un clamoroso reflejo a las deficiencias de nuestro derecho. El concepto de derecho de consumo puede despistar por parecer poco relevante, pero incluye ámbitos sustanciales como el derecho a la vivienda, “fundamental” en la Unión desde 2014.

Las sentencias europeas han exigido la reforma de muchas leyes españolas elevando la protección de los ciudadanos ante los poderes económicos. Ha sido un proceso difícil debido a la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar el derecho europeo. Los jueces han tenido que recurrir al tribunal de Luxemburgo reiteradamente. En materia de desahucios hay más de diez pronunciamientos.

Estos mismos días tenemos un nuevo ejemplo de la necesidad de insistir. El magistrado Francisco González de Audicana, del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, ha anunciado que presentará una nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). El juez considera que la sentencia del TJUE del pasado 3 de marzo, consecuencia de una pregunta suya de 2018, “no es suficiente para resolver el asunto”.

En base a la sentencia del TJUE, más de una decena de sentencias de magistradas de primera instancia, recogidas puntualmente por la asociación Asufin, habían anulado este índice, que ha encarecido cientos de miles de hipotecas, por considerarlo abusivo. Justifican la nulidad “por incumplimiento de la normativa comunitaria sobre transparencia”. Los jueces de primera instancia, representan el frente modernizador de la justicia al aplicar el derecho europeo que tiene más en cuenta a los ciudadanos.

Las dudas han sido suscitadas por las sentencias posteriores de las Audiencias de Barcelona, Sevilla y Granada, de rango superior, que asumieron las tesis del Tribunal Supremo que fueron rebatidas por el TJUE. Los jueces europeos validaron los razonamientos discrepantes de los magistrados del Alto Tribunal, Francisco Javier Orduña y Javier Arroyo. La insistencia del juez Audicana está muy justificada.

Estos días las abogadas Verónica Dávalos y Maite Ortiz han publicado un categórico manifiesto “Europa manda” en el que profundizan en el carácter abusivo del IRPH como ya hicieron la Comisión Europea y el Abogado General Maciej Szpunar. Sin el TJUE, la justicia de este país seguiría bendiciendo la expulsión de familias de sus casas por no pagar una sola cuota.

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La gran grieta europea

La gran grieta europea

Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública

En medio del espanto en que viven los ciudadanos europeos por la mortífera epidemia del coronavirus y la penuria económica que acarrea, se ha abierto una peligrosa grieta interna en el seno de la Unión. La ruptura viene de Alemania y afecta al núcleo institucional de la construcción europea. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania del pasado 5 de mayo cuestiona el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE), que es el instrumento más eficiente de defensa de la estabilidad financiera y económica.

La sentencia se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a petición de los jueces de Karlsruhe, hubiera bendecido estas operaciones en 2018. El desafío es máximo. El Tribunal alemán trata de romper la jerarquía que atribuye al TJUE la competencia exclusiva para controlar los actos de las instituciones comunitarias. El tribunal europeo acaba de recordar que los jueces nacionales están vinculados por sus sentencias y están obligados a garantizar el Derecho de la Unión.

La respuesta europea a Karlsruhe ha sido también de una inusitada contundencia por parte del BCE y de la propia Comisión Europea, cuya presidenta, la alemana Ursula Von der Leyen, ha amenazado con expedientar a su país.

Los jueces alemanes han dado un plazo de tres meses al BCE para que explique sus operaciones. Las autoridades de Fráncfort no lo harán porque solo responden ante el Parlamento Europeo y el TJUE. Lo más probable es que sea el Bundesbank alemán, miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, quien proporcione la información solicitada por los jueces de su país. Si no les satisface podrían impedir al Bundesbank que participe en el programa del BCE. Y la crisis se agrandaría.

Hay dos asuntos clave. Primero está la cuestión institucional. Si los jueces alemanes no acatan las sentencias europeas, el TJUE queda muy debilitado para exigir el cumplimiento de sus fallos a los magistrados polacos o húngaros en sus países, en los que el Estado de derecho es preocupante.

En el terreno económico, la postura de Karlsruhe desconcierta a los bancos centrales europeos. Ven la postura alemana incoherente con el pensamiento económico alemán, que históricamente ha priorizado la lucha contra la inflación. La preocupación de los jueces alemanes por los efectos secundarios de la política monetaria sobre el resto de políticas económicas atenta contra la independencia del banco central.

Pero esto no es solo un asunto jurídico. En el fondo está el fallo histórico de la construcción del euro. La falta de política fiscal europea ha sobrecargado notablemente al BCE. Si la Unión dispusiera de la política fiscal y el presupuesto adecuado no se producirían estas tensiones. Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública. Algo impensable en Estados Unidos, Reino Unido o Japón, donde nadie discute que el banco central compre toda la deuda que haga falta. Volvemos a la casilla de salida. Urge una Constitución Europea que defina las competencias.

Enseñanzas de esta crisis

Enseñanzas de esta crisis

La crisis causada por la epidemia de covid-19 nos está dando muchas lecciones. La primera es una gran dosis de humildad. Nadie había considerado que se pudiera producir una epidemia tan grave a excepción de unos pocos epidemiólogos. Tampoco habíamos imaginado que tras los extraordinarios avances científicos, la humanidad hubiera mostrado una fragilidad tan estremecedora. Meses después del estallido de la epidemia todavía ignoramos cómo curar la enfermedad, si habrá un rebrote en otoño y cuándo dispondremos de vacunas.

En el mundo de la economía el desconcierto no es menor. Las instituciones internacionales no cesan de revisar sus previsiones con resultados cada vez más aterradores, sobre todo para la ocupación. La Organización Internacional del Trabajo prevé la destrucción de 230 millones de empleos. El Banco de España pronostica que  la actividad económica podría retroceder hasta en un 13,6% este año.

Esta crisis refleja que las leyes del mercado ya no pueden ser las únicas que regulen la economía. La necesidad de empresas con propósito social, respetuosas con los derechos de los trabajadores, consumidores y del medio ambiente ha pasado de ser un debate teórico a una urgencia. Asegurar la salud de los ciudadanos se ha convertido en una exigencia previa.

Segunda. El Estado debe desempeñar un mayor papel para asegurar los servicios sanitarios y sociales y una economía equilibrada. Los recortes del gasto sanitario exigidos por las recetas de austeridad han sido catastróficos.

Tercera. La respuesta social a la crisis revela que en la base de la sociedad se ha generado unos nuevos valores. El humanismo y la solidaridad son los nuevos referentes. Médicos, enfermeras, cuidadores, científicos, trabajadores públicos y privados que arriesgan sus vidas atendiendo en primera línea a los ciudadanos son los hombres y mujeres que despiertan más admiración. En España, más del 20% de las víctimas son personal sanitario y en Italia han fallecido más de 150 médicos. Los voluntarios se multiplican en todas partes. En el Reino Unido, 750.000 personas se han ofrecido para colaborar en el Servicio Nacional de Salud, el triple de lo esperado. En España se multiplican las ofertas de personas en las plataformas de voluntarios.

Las leyes del mercado no pueden ser las únicas que regulen la economía

Se imponen otras reglas basadas en la solidaridad y la sostenibilidad

Cuarta. Debemos replantear el trato que damos a los mayores. La mitad de las víctimas se ha producido en las residencias de ancianos. Hay que investigar la gestión de estos centros. Se trata de una actividad que debe guiarse por criterios humanísticos y no por la ganancia. Es necesaria una reflexión más exigente sobre si nuestra sociedad asegura el respeto que merecen los ancianos.

Quinta. El modelo de globalización sin límites ha sido un desastre. La externalización, por ejemplo, de la producción de mascarillas, respiradores y la materia para fabricar test a otros países han dejado indefensos a muchos Estados. Muchas empresas han quedado paralizadas por su dependencia de componentes fabricados en el exterior.  Se pierden cosechas por las restricciones a la entrada de inmigrantes. Ha sido ejemplar la decisión de Portugal de regularizar a los trabajadores sin papeles.

Sexta. Necesidad de una justicia fiscal y liquidar los paraísos fiscales. Los países del G-20 acordaron en 2009 luchar contra estas jurisdicciones sin lograrlo. Ahora Francia ha excluido de las ayudas públicas a las compañías establecidas en paraísos fiscales. La UE debería tomar nota.

Séptima. Revisar las relaciones internacionales. El virus no entiende de fronteras. Frente a la torpeza inicial de Francia y Alemania de impedir la venta de material sanitario a Italia, luego se ha visto el comportamiento ejemplar de los hospitales alemanes acogiendo a centenares de enfermos franceses. Esta crisis exige estrechar los lazos entre Estados y ciudadanos de la Unión. Pero la solidaridad debe extenderse a todos los pueblos del planeta. Las fronteras y los nacionalismos son el pasado. La ONU debe adquirir un mayor protagonismo. Europa tiene que volcarse en África para evitar una hecatombe.

Quizá la enseñanza principal de esta crisis es que el capitalismo que prioriza la búsqueda del beneficio es insostenible. Tenemos demasiados indicios en las tensiones sociales causadas por la desigualdad y los daños al medio ambiente. El parón económico ha mostrado que una atmósfera respirable es posible. Se imponen otras reglas basadas en la sostenibilidad y la solidaridad.

El desastre aún se puede evitar.