Abierto el plazo para presentar candidaturas al III Premio Finsalud

Abierto el plazo para presentar candidaturas al III Premio Finsalud

Abierto el plazo para presentar candidaturas al III Premio Finsalud

 

La Fundación Finsalud pone en marcha una nueva edición de su premio anual que busca reconocer y fomentar la publicación de trabajos de investigación relacionados con los distintos fines que persigue la Fundación.

Tras los nuevos proyectos de la Fundación introducidos en el ejercicio 2021, en esta nueva edición del premio se han ampliado las temáticas.

Las candidaturas podrán versar sobre temas como el mantenimiento y la mejora de la salud y el bienestar del entorno financiero; el fomento del crédito responsable, fomento de la innovación responsable – digitalización y exclusión financiera-; las prácticas financieras abusivas y sus efectos sobre la salud de las personas; el empleo en banca y su relación con la salud; la educación financiera y los mercados financieros.

Los trabajos deberán haber sido publicados en prensa o en una revista científica a partir del 1 de enero de 2021 y podrán remitirse a la Fundación entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2022.  En esta edición se ha incluido también la posibilidad de realizar una mención especial además de elegir un ganador.

La dotación del premio es de 3.000 euros los trabajos se podrán presentar telemáticamente en la dirección de correo electrónico de la Secretaría de la Fundación: secretaria@finsalud.com

El jurado que fallará sobre el III Premio Finsalud lo conformarán miembros del patronato de la Fundación actualmente formado por el presidente Fernando Zunzunegui, el presidente honorífico José Manuel Ribera Casado, el vicepresidente Andreu Missé, Pablo Franquet, Patricia Gabeiras, José Manuel Gómez de Miguel, Pau Monserrat, y Roberto Serrano.

Puedes consultar las bases del premio aquí.

La Banca cierra un 33,4% de sus sucursales en los últimos cinco años

El diario económico Cinco Días publicó el pasado 22 de marzo un artículo donde recoge los datos proporcionados por el Banco de España sobre el número de sucursales bancarias que había en España en el 2016 y las que se mantenían abiertas a finales del 2021.

Del proceso de digitalización que está viviendo la economía, en especial la Banca, se pueden destacar grandes cambios, progresos e incertidumbres. Sin embargo, uno de los hechos que ha quedado reflejado en los últimos años, es la radical transformación que está teniendo el sector bancario en cuanto a la prestación de sus servicios y la atención de los clientes, que, con las nuevas tecnologías se vienen ofertando cada vez más a través de las plataformas digitales. Los bajos tipos de interés que ha sufrido la Banca, unido a la crisis sanitaria del Covid-19, ha llevado al sector a ahorrar en gastos y apostar por un modelo de negocio donde las tecnologías tienen un papel fundamental en las relaciones entre los bancos y sus clientes, en esta línea, el sector se justifica, “en el mayor peso que tienen los clientes digitales y en la cada vez menor afluencia de clientes en las oficinas, lo que hace que los establecimientos sean poco rentables. Incluso, explican fuentes financieras, parte de la red de oficinas se mantiene abierta a pesar de generar pérdidas para el banco”.

En los últimos cinco años, los bancos españoles han cerrado el 33,4% de sus sucursales, suponiendo el cierre de una de cada tres oficinas, concretamente entre 2016 y 2021 han clausurado 9.700 establecimientos, dejando su red comercial en 19.338 sucursales. El número de cierres varía en función del lugar geográfico del país, Tarragona, por ejemplo, es la provincia española con mayor porcentaje de variación de sucursales, con un 50,1% en los últimos cinco años pasando de tener 449 oficinas a 224. El mediterráneo y las provincias al noroeste de la península han sido las zonas más perjudicadas, con siete provincias que han superado el 40% de cierres. Aunque se contemplan datos de regiones españolas donde los porcentajes no son tan altos, España, en su conjunto, ha sufrido de manera drástica un descenso del 33,4% de las oficinas bancarias, desde el comienzo del 2016 hasta finales del 2021.

La rápida transformación digital de la Banca ha desencadenado el coste de una brecha digital entre los más jóvenes, que se han adaptado rápidamente y los mayores, que en muchas ocasiones se ven enormemente dificultados para acceder al dinero en efectivo y a los servicios bancarios que acostumbraban a disponer a través de los centros físicos y el personal habilitado por la banca. Carlos San Juan ha sido el mayor referente ante esta situación, dándola a conocer en su campaña de change.org “Soy mayor, no idiota” que reivindica los derechos de los mayores y tiene el apoyo de más de seiscientas mil firmas.

Para corregir esta situación y en respuesta a las multitudinarias reivindicaciones, las patronales bancarias AEB, CECA y ANACC el pasado 21 de febrero firmaron en presencia de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Gobernador del Banco de España, la actualización del “Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca” suscrito el 23 de julio de 2021. Este protocolo incluye nuevas medidas para garantizar la atención personalizada de los ciudadanos, especialmente de las personas mayores, de forma que dispongan de servicios bancarios adaptados a sus necesidades.

La nueva redacción introduce un decálogo de medidas para ayudar a los clientes mayores y vulnerables a salvar las dificultades que afrontan ante la digitalización del sector. Se destaca la ampliación de la atención presencial para servicios de caja en las sucursales, que será como mínimo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, estableciendo prioridad de atención a los mayores en caso de aglomeraciones. Igualmente, el sector oferta una asistencia telefónica personalizada. Conforme a este compromiso de la Banca y para poder realizar un adecuado seguimiento de la evolución de las medidas y del acceso a servicios financieros, el protocolo prevé la ampliación del Observatorio para la Inclusión Financiera.

La Fundación Finsalud, tiene muy claros sus objetivos de mejora de la salud, el bienestar y la educación financiera. En esta línea, tratamos de mantenernos cerca de la actualidad financiera y social que afecta al conjunto de ciudadanos, velando por todos los colectivos que pueden verse afectados por decisiones en este campo. La inclusión financiera es una de las cuestiones más importantes que se debe lograr y proteger, como ejemplarmente nos mostró Carlos San Juan. Desde la Fundación Finsalud seguiremos de cerca esta situación.

Nuevas medidas de apoyo a la inclusión financiera de la tercera edad en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

Nuevas medidas de apoyo a la inclusión financiera de la tercera edad en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica

Finsalud sigue de cerca el problema de la exclusión financiera de los consumidores vulnerables, en concreto, de la tercera edad.

Recientemente, ha sido noticia la campaña viral en change.org iniciada por Carlos San Juan de Laorden de 78 años que revindicaba un trato financiero humano del que carece hoy en día este colectivo debido a los cierres de las oficinas físicas y la apuesta por la digitalización de la banca.

Por esta razón, el Gobierno ha querido impulsar la protección de consumidores vulnerables a través de su Ley 4/2022, de 25 febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica publicada en el BOE el pasado 1 de marzo de 2022. Esta normativa incluye por primera vez la defensa de las personas consumidoras a través de definición de la figura del consumidor vulnerable definiéndola comoaquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.”

La Ley distingue a uno de los grupos más numerosos de consumidores en España, las personas mayores, colectivo al que se dirige directamente, destinando dos de las disposiciones adicionales introducidas a fin de mejorar sus relaciones comerciales con empresarios. Según los datos tenidos en cuenta para la aprobación de la Ley 4/2022, obtenidos del (INE) de enero de 2020, hay 9.278.923 persona de 65 o más años para un total de población española de 47.332.614, lo que supone que un 19,6% del total de la población. Además de tratarse de un colectivo tan significativo, se trata de un sector de la población al que toda sociedad debe darle una protección reforzada debido a la precipitación en la digitalización ante la creciente competencia por parte de las Fintech, viéndose reflejado en que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la población mayor de 16 años, de acuerdo con datos del INE. Además, este sector de la población se ha visto afectado por el cierre de sucursales que han pasado de 46.118 sucursales en septiembre de 2018 a 20.387 en la actualidad, suponiendo un descenso del 55,72%.  Estos datos cobran mayor notoriedad en el hecho de que en España de un total de 8.131 municipios, 4.433 no tengan oficina bancaria, suponiendo un 54%.

En este contexto, la Ley establece la obligación del Gobierno de promover, en coordinación con el Banco de España como supervisor, y representantes del sector de entidades de crédito un Plan de Medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquéllas de mayor edad. Entre las medidas que el Gobierno pretende impulsar están las siguientes:

  • Que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos.
  • Incrementar el personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.
  • La instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables y promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de este colectivo.
  • Implementar tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras.
  • Garantizar una máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas on line.
  • Implementar cuantas medidas se consideren necesarias tanto como para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera, como para acercar los servicios financieros a todas las personas, especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.

Además, como otras iniciativas para evitar la exclusión financiera, el Gobierno continuará impulsando junto con la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.

Por último, cabe mencionar que el Gobierno en el plazo de tres meses siguiente a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, promoverá las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por «brecha digital».

La Fundación Finsalud tiene como prioridad la inclusión financiera de este colectivo que se ha visto afectado por la pérdida de contacto personal con el sector bancario tradicional debido a la digitalización, además del cierre de sucursales acontecido, sobre todo, en zonas rurales.

La agenda de los objetivos 2022 de la Fundación Finsalud persigue esta inclusión financiera tratando de garantizar un sector financiero con buenas prácticas y que permita a todos los colectivos al acceso de efectivo y a los servicios de pago. La igualdad es un valor esencial en las relaciones con los consumidores y Finsalud siempre ha tenido esto como referente.

Desde la Fundación, consideramos que esta ley va en buen camino para favorecer la inclusión financiera de la tercera edad.

Finsalud investigará la salud de los empleados bancarios.

Finsalud investigará la salud de los empleados bancarios.

Publicado en el blog Alternativas Económicas por .

Las secuelas de la crisis financiera de 2008 perduran. Los estragos ocasionados no se han limitado a los perjuicios económicos para cientos de miles de familias, sino que en muchos casos han afectado también a su salud. La Fundación Finsalud ha impulsado varios trabajos de investigación sobre los trastornos en la salud que han sufrido los clientes bancarios que han sido víctimas de abusos y malas prácticas por parte de las entidades.

Un estudio de la fundación de 2017 concluyó que las personas que habían perdido una parte relevante de sus ahorros en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas o habían sufrido importantes menoscabos como titulares de hipotecas en moneda extranjera (multidivisas) tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características.

En el curso de su foro anual celebrado la semana pasada en Madrid, la fundación anunció la puesta en marcha de una nueva investigación para examinar las variaciones de salud de los empleados del sector bancario en relación a su actividad laboral. La Fundación Finsalud, cuyo presidente de honor es José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría, ha recibido indicios de las situaciones de estrés padecidas por los trabajadores de banca durante la crisis y años posteriores a consecuencia de la presión en la comercialización de determinados productos.

El trabajo se desarrollará por un equipo, cuyo investigador principal será el matemático y doctor en biología Miguel Juliá. La investigación contará con la colaboración del sindicato Confederación Intersindical de Crédito, (CIC ), presidida por Gonzalo Postigo. El trabajo se realizará con una muestra de 5.000 empleados bancarios. La iniciativa ofrecerá la participación a los demás sindicatos y a las asociaciones de las entidades financieras.

La celebración del foro propició un amplio debate sobre el retroceso que están registrando los derechos de los consumidores durante los últimos años a consecuencia de la última crisis financiera. El deterioro de los derechos de los ciudadanos se ha acelerado por el proceso de digitalización y la concentración de entidades financieras y energéticas que ha debilitado la posición de los clientes ante las cada vez más grandes y poderosas corporaciones.

El retroceso en los derechos de los ciudadanos es debido principalmente a la falta de una legislación adecuada, la ausencia de una autoridad que proteja específicamente a los consumidores y a la involución que ha experimentado la Sala Civil del Tribunal Supremo en determinados asuntos vitales para los consumidores.

La decadencia de derechos fue analizada por destacados juristas en el foro. La abogada Patricia Gabeiras, reconocida experta en las hipotecas en moneda extranjera, uno de los productos que ha causado más estragos, mostró su preocupación por los cambios recientes en la doctrina del alto tribunal que «no contribuyen a la seguridad jurídica, sino que están creando el caos». Gabeiras, que ha logrado 13 sentencias de las 24 que ha dictado el Tribunal Supremo a favor de los clientes en relación a las multidivisas, censuró el cambio del máximo tribunal en el orden civil, que ha dejado de apoyar los derechos de los consumidores como había hecho en el pasado, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La misma preocupación por la inseguridad jurídica y el caos creado expresó el abogado Pablo Franquet, especialista en swaps o permutas financieras, otro producto que ha ocasionado severos estragos a familias y empresas. El abogado mostró su inquietud por la creación por el Tribunal Supremo de la categoría del «cliente minorista experto», un concepto que en su propia definición encierra una clara contradicción y que no está previsto en la ley. La normativa MIFID que regula los mercados e instrumentos financieros distingue tres categorías de actores en este campo. Los minoristas, que se corresponden con los consumidores, que son los que tienen menos información y a  los que la ley concede la máxima protección; los profesionales y los denominados contraparte (bancos y empresas de inversión) que son los que tienen el máximo conocimiento del mercado y la menor protección legal. La nueva categoría de «minorista experto», deja a los consumidores en una situación de protección inferior a la de los profesionales.

La desprotección de los consumidores fue analizada desde otra perspectiva por Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, que criticó al supervisor porque a su juicio «no ha hecho su trabajo». Reprochó la situación existente en España donde una misma autoridad tiene la misión de garantizar la solvencia de las entidades y proteger a los consumidores. Es un sistema que, en su opinión, no puede funcionar porque «el mismo señor tutela al verdugo y a la víctima». Abogó por el modelo conocido como twin peaks o picos gemelos, constituido por dos autoridades independientes, una para garantizar la solvencia de los bancos y otra para proteger a los consumidores. Cuena, investigadora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, puso como referente el modelo  implantado por Barack Obama tras la crisis financiera en Estados Unidos, que creó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, (CFPB por sus siglas en inglés) con importantes poderes. El director de la oficina, actualmente Rohit Chopra, cuenta con total independencia para nombrar a su equipo y dispone de los recursos financieros que precisa. En 2020 impuso sanciones a las entidades financieras por 12.900 millones de dólares, (11.170 millones de euros) y sus resoluciones beneficiaron a 175 millones de personas.

El aumento de las malas prácticas inquieta a las autoridades. Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reconoció que la institución «lleva ya tiempo preocupada por el aumento de estafas y fraudes».

Gloria Caballero y José Manuel Gómez de Miguel, antiguo jefe de Regulación Bancaria del Banco de España, plantearon la conveniencia de potenciar la educación financiera de los ciudadanos para mejorar el conocimiento de sus derechos en sus actividades relacionadas con las entidades financieras. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, defendió también la necesidad de aumentar la educación financiera, pero advirtió que «era insuficiente para proteger de forma eficaz a los consumidores». Señaló que no se puede trasladar toda la responsabilidad de lo ocurrido a la falta de conocimiento de los ciudadanos. «A mí», añadió, «una mejor educación no me habría salvado, y por eso me decidí a crear una asociación».

En el acto intervino también Carlos Ballugera, registrador de la propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, que subrayó la necesidad de distinguir entre inversores y ahorradores. «No se puede dar el mismo trato», señaló, «a los inversores que buscan la manera de obtener una mejor rentabilidad que a los consumidores que van al mercado para satisfacer sus necesidades», como es el caso de los que tienen que pedir una hipoteca para adquirir una vivienda.

Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III y presidente de Finsalud, sintetizó las intervenciones desarrolladas en el foro expresando su preocupación por la desprotección de los ciudadanos. Definió la situación actual como de «anomia, que se caracteriza por la inexistencia de normas, o incumplimiento de las existentes». Defendió el principio de la Constitución de 1812, reiterado en la de 1978, que proclama que el fin de toda sociedad política «es el bienestar de los individuos». El profesor Zunzunegui insistió en la idea de perseguir el bienestar de los ciudadanos y para ello planteó la conveniencia de «cuidar el sistema y adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos».

Otras referencias: Derechos económicos en retroceso.

 

Las inclusiones ilegítimas en registros de morosos pueden dar lugar a una indemnización por daños morales (STS 9 septiembre 2021).

Las inclusiones ilegítimas en registros de morosos pueden dar lugar a una indemnización por daños morales (STS 9 septiembre 2021).

STS, Sala de lo Civil, núm. 592/2021, de 9 de septiembre de 2021, recurso: 2462/2020. Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio Garcia Martinez.

Sinopsis completa en PDF.

Indemnización por daños morales “[…] En la sentencia 130/2020, de 27 de febrero, dijimos: «[E]sta sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación […]. Se trata, por tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio». […] “La inclusión de los datos de una persona en un registro de morosos sin cumplirse los requisitos establecidos por la LORD, sería indemnizable en primer lugar la afectación a la dignidad en su aspecto interno o subjetivo, y en el externo u objetivo relativo a la consideración de las demás personas. […]. En la sentencia 245/2019, de 25 de abril, señalamos, de forma más reducida: […] «5.- Son elementos a tomar en consideración para fijar la indemnización el tiempo que el demandante ha permanecido incluido como moroso en el fichero, la difusión que han tenido estos datos mediante su comunicación a quienes lo han consultado, y el quebranto y la angustia producida por el proceso más o menos complicado que haya tenido que seguir el afectado para la rectificación o cancelación de los datos incorrectamente tratados». […] Consideradas las anteriores circunstancias, así como la inconveniencia de fijar en estos supuestos indemnizaciones simbólicas que podrían provocar […] efectos disuasorios inversos, y teniendo también en cuenta, por un lado, que la indemnización de 7.000 € por daño moral que es objeto de solicitud no resulta desajustada a las que hemos reconocido en este tipo de casos […] y, por otro lado, que no cabe asumir lo que la demanda alega en este punto, a saber, que falta la prueba del daño y/o perjuicio y que el Sr. Diego no ha podido verse sorprendido por la inclusión de sus datos en los ficheros de morosos, dado que basta la inclusión indebida en el fichero para que se produzca la intromisión ilegítima (sentencia 226/2012, de 9 de abril, que cita la del pleno de 24 de abril de 2009), y esta basta, a su vez, para que la existencia del perjuicio que da derecho a indemnización, la que se extiende al daño moral, se presuma iuris et de iure, y, de otra parte, no cabe convertir al Sr. Diego en responsable de los incumplimientos de la demandada, que, repetimos, solo cuando actúa autorizada por la ley, puede ver excluida la ilegitimidad de la afectación del derecho al honor provocada por la comunicación de los datos personales del supuesto «moroso» a un fichero sobre incumplimiento de obligaciones dineraria; por todas estas circunstancias, decimos, consideramos procedente la concesión de una indemnización por daño moral en la cuantía reclamada de 7.000 € […].” [Énfasis añadido]

Celebrado el Primer Foro Anual de la Fundación Finsalud

Celebrado el Primer Foro Anual de la Fundación Finsalud

· El Foro se centró en la educación financiera, la función del asesor financiero, o la seguridad jurídica en el mercado financiero.

· El evento celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española fue seguido por 300 personas de forma telemática mediante retransmisión en directo.

Madrid.- El 3 de noviembre tuvo lugar en el Consejo General de la Abogacía Española el primer Foro de la Fundación Finsalud.

El evento que pudo seguirse mediante su retransmisión en directo congregó en tres mesas coloquio a diversos especialistas en las áreas de la educación financiera, el asesoramiento financiero y la seguridad jurídica.

La apertura del acto corrió a cargo del Presidente de Honor de la Fundación, José Manuel Ribera Casado que presentó el proyecto sin precedentes “Empleo en Banca y Salud”. Se trata de una investigación financiada por la Fundación que abordará el impacto en la salud de los trabajadores de banca de los cambios a los que se encuentra sometido su sector. La presentación del proyecto corrió a cargo del investigador Miguel Juliá y participó también Gonzalo Postigo, Presidente de la Confederación Intersindical de Crédito, sindicato que facilitará el contacto con los participantes en la muestra del estudio.

Posteriormente, tuvo lugar la mesa coloquio dedicada a los fines y objetivos de la educación financiera, en ella Gloria Caballero, subdirectora del departamento de educación financiera de la CNMV centró su intervención en el papel de la educación financiera para impulsar buenas decisiones de inversión. Por su parte, José Manuel Gómez de Miguel, antiguo jefe de la división de regulación de Banco de España habló de la digitalización financiera, destacando los beneficios que tiene dicha transformación para el sector, pero también alertando de los riesgos que presenta como por ejemplo con la disminución de la disposición de efectivo en zonas rurales o las dificultades de acceso a las personas mayores. Por último, Patricia Suarez, presidenta de Asufin detalló el modelo de su asociación sobre la promoción de la educación financiera.

En la mesa dedicada a la función del asesor financiero intervinieron Santiago Satrústegui, presidente de EFPA España, entidad colaboradora con el evento que destacó que estamos viviendo una gran transformación en el asesoramiento y la necesidad de cuidar el sistema. Fernando Ibáñez, presidente de ASEAFI, expuso el impacto de la digitalización en la labor de los asesores financieros y la importancia de una independencia libre de retrocesos, por último, Sara Gutiérrez, socia de Finreg360 destacó dentro de las novedades en la regulación de los asesores financieros la flexibilización de MIFID II tras la pandemia.

 

En la última mesa dedicada a la seguridad jurídica en el mercado financiero y a la figura del minorista experto. Patricia Gabeiras, socia fundadora de Gabeiras y asociados lanzó una crítica a la inseguridad jurídica actual generada por diversas resoluciones subjetivas del Tribunal Supremo que no atienden a los rasgos objetivos de los instrumentos financieros y su correcta comunicación al cliente, en esa línea Pablo Franquet, socio de Fieldfisher exploró de forma crítica la figura híbrida del minorista experto y su irrupción en el panorama jurídico. Por último, Matilde Cuena, profesora universitaria y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, entidad colaboradora con el evento destacó la necesidad de crear una autoridad protectora del cliente financiero siguiendo el modelo americano.

El acto finalizó con unas palabras de Fernando Zunzunegui, presidente de la Fundación que destacó las palabras de Santiago Satrústegui y la necesidad de cuidar el sistema para lograr el bienestar financiero.