Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Entrevista a Andreu Missé, patrono de Finsalud

Missé alerta de que la pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental, aumentando la ansiedad y la angustia.

El confinamiento establecido para hacer frente a la propagación de la pandemia está afectando a la población de forma muy directa. Las consecuencias de esta situación abarcan factores económicos, sociales e, incluso, de salud.

Andreu Missé, patrono de Finsalud y fundador de la revista Alternativas Económicas, reconoce que los profesionales sanitarios se enfrentan a un riesgo tanto para su salud en general como por su salud mental.

Pregunta. ¿Cómo considera que afectará la crisis sanitaria y, especialmente el confinamiento, a la salud mental de las personas? ¿Cree que aumentará la demanda en la atención psicológica de algunos sectores de la población?

Respuesta. La crisis sanitaria del coronavirus y las medidas de confinamiento aplicadas para afrontarla están ocasionando serios problemas de salud mental a muchas personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el Covid-19 está afectando a la salud mental ahora y continuará haciéndolo en el futuro. Un estudio internacional liderado por Open Evidence, empresa impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya, revela que la salud mental de un 46% de los españoles está en riesgo por el coronavirus. En Wuhan, origen de la epidemia, el 53 % de la población ha recibido atención psicológica.

P. La crisis del COVID-19 está provocando graves problemas a nivel económico. Además, las previsiones del Banco de España y el FMI no son alentadoras para los próximos meses. ¿Cómo cree que afectará la situación económica y laboral a la salud de las personas?

R. La pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental. Aumenta la ansiedad y la angustia de los desempleados. Hay que tener en cuenta que la suma de los nuevos parados, los trabajadores afectados por los ERTE y los autónomos con prestación extraordinaria se eleva a 5,25 millones de trabajadores, lo que representa el 27,2% de los afiliados a la seguridad social, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, (Ivie).

P. La pasada crisis financiera provocó importantes problemas de salud en la población. La pérdida de empleo, la reducción de ingresos y las dificultades para hacer frente a créditos e hipotecas provocaron numerosos problemas de salud. ¿Cuál cree que serán las principales dificultades psicológicas a las que estará sometida la población?

R. El momento más crítico se producirá cuando terminen los ERTE, porque entonces se comprobará qué trabajadores vuelven a incorporarse al trabajo con normalidad y los que quedarán en el paro porque algunas empresas habrán cerrado o reducido su actividad. Este momento provocará fuertes tensiones de ansiedad y desesperación en las personas afectadas.

P. Según un estudio recientemente publicado por el Ayuntamiento de Madrid, el impacto de la crisis del COVID-19 está afectando de desigual forma a la población. ¿Quiénes considera que son los más vulnerables? ¿Cree que será necesario establecer medidas específicas de apoyo a ciertos sectores de la población?

R.Sin duda los más afectados son los profesionales sanitarios. El riesgo es tanto para su salud en general como por su salud mental. Algunos estudios apuntan que las enfermeras que están en primera línea son el colectivo más perjudicado. Lo prioritario es dotar a estos trabajadores con los equipos de protección necesarios y aumentar el número de profesionales para que no tengan que seguir con jornadas que requieren esfuerzos sobrehumanos.

“En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello”.

P. En relación con lo anterior, ¿cree que el gobierno debería reforzar los sistemas de atención primaria y, en particular, la atención psicológica?

R. Sin duda alguna. Los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica. En parte estamos pagando ahora dolorosamente los recortes irresponsables de la sanidad pública efectuados durante la última década. Una muestra de la situación de urgencia en que nos encontramos es que los Colegios de Psicólogos están ofreciendo servicios voluntarios para atender a las personas más necesitadas en todas las comunidades.

P. La OMS ha equiparado el daño psicológico de la población al que acontece en catástrofes y guerras. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.Me parece muy acertada la comparación. Las colas que estamos viendo de miles de personas acudiendo a los bancos de alimentos y comedores sociales son una imagen que se corresponden con lo que ocurre cuando se producen catástrofes y guerras. Hay que tener en cuenta que esta crisis, también miles de personas están perdiendo la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, los fallecidos superan ya los de la guerra de Vietnam.

P. ¿Cree que si, en los años precedentes se hubiese priorizado la inversión en programas de atención a la salud mental de la población, el impacto de esta crisis sería menor?

R.La salud mental es la gran olvidada de nuestro sistema de salud y nuestro sistema económico en general que prioriza ante todo la búsqueda de beneficios. En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello. Hay que reforzar los sistemas de atención a la salud mental, pero es mucho más urgente que evitar que se produzcan impunemente los agravios, los abusos, las estafas y los expolios que tanto daño han causado. Hay que democratizar nuestra economía, poniendo los derechos y la salud de las personas por encima de todo.

Karlsruhe y nuestros derechos

Karlsruhe y nuestros derechos

Publicado en El País

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, que ha cuestionado la compra de deuda pública por parte del BCE, supone un ataque frontal a la primacía del derecho europeo.

La sentencia del Tribunal Constitucional alemán, con sede en Karlsruhe, que ha cuestionado la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, supone un ataque frontal a la primacía del derecho europeo.

Deslegitimar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas sentencias son vinculantes para los tribunales nacionales, es una grave decisión para los ciudadanos polacos y húngaros, cuyos derechos fundamentales están amenazados, pero también para los españoles.

Entre 1976 y el 31 de mayo de 2019 el TJUE ha dictado 92 sentencias sobre derecho de consumidores respondiendo a preguntas de jueces nacionales sobre si su derecho era conforme al europeo, más protector. Los españoles han sido los principales beneficiarios del TJUE al recibir 27 de las mencionadas sentencias, el 29%, el triple del peso de la población española en la UE. Un clamoroso reflejo a las deficiencias de nuestro derecho. El concepto de derecho de consumo puede despistar por parecer poco relevante, pero incluye ámbitos sustanciales como el derecho a la vivienda, “fundamental” en la Unión desde 2014.

Las sentencias europeas han exigido la reforma de muchas leyes españolas elevando la protección de los ciudadanos ante los poderes económicos. Ha sido un proceso difícil debido a la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar el derecho europeo. Los jueces han tenido que recurrir al tribunal de Luxemburgo reiteradamente. En materia de desahucios hay más de diez pronunciamientos.

Estos mismos días tenemos un nuevo ejemplo de la necesidad de insistir. El magistrado Francisco González de Audicana, del Juzgado de Primera Instancia 38 de Barcelona, ha anunciado que presentará una nueva cuestión prejudicial sobre el IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). El juez considera que la sentencia del TJUE del pasado 3 de marzo, consecuencia de una pregunta suya de 2018, “no es suficiente para resolver el asunto”.

En base a la sentencia del TJUE, más de una decena de sentencias de magistradas de primera instancia, recogidas puntualmente por la asociación Asufin, habían anulado este índice, que ha encarecido cientos de miles de hipotecas, por considerarlo abusivo. Justifican la nulidad “por incumplimiento de la normativa comunitaria sobre transparencia”. Los jueces de primera instancia, representan el frente modernizador de la justicia al aplicar el derecho europeo que tiene más en cuenta a los ciudadanos.

Las dudas han sido suscitadas por las sentencias posteriores de las Audiencias de Barcelona, Sevilla y Granada, de rango superior, que asumieron las tesis del Tribunal Supremo que fueron rebatidas por el TJUE. Los jueces europeos validaron los razonamientos discrepantes de los magistrados del Alto Tribunal, Francisco Javier Orduña y Javier Arroyo. La insistencia del juez Audicana está muy justificada.

Estos días las abogadas Verónica Dávalos y Maite Ortiz han publicado un categórico manifiesto “Europa manda” en el que profundizan en el carácter abusivo del IRPH como ya hicieron la Comisión Europea y el Abogado General Maciej Szpunar. Sin el TJUE, la justicia de este país seguiría bendiciendo la expulsión de familias de sus casas por no pagar una sola cuota.

Publicado en El País

 

La gran grieta europea

La gran grieta europea

Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública

En medio del espanto en que viven los ciudadanos europeos por la mortífera epidemia del coronavirus y la penuria económica que acarrea, se ha abierto una peligrosa grieta interna en el seno de la Unión. La ruptura viene de Alemania y afecta al núcleo institucional de la construcción europea. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania del pasado 5 de mayo cuestiona el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE), que es el instrumento más eficiente de defensa de la estabilidad financiera y económica.

La sentencia se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a petición de los jueces de Karlsruhe, hubiera bendecido estas operaciones en 2018. El desafío es máximo. El Tribunal alemán trata de romper la jerarquía que atribuye al TJUE la competencia exclusiva para controlar los actos de las instituciones comunitarias. El tribunal europeo acaba de recordar que los jueces nacionales están vinculados por sus sentencias y están obligados a garantizar el Derecho de la Unión.

La respuesta europea a Karlsruhe ha sido también de una inusitada contundencia por parte del BCE y de la propia Comisión Europea, cuya presidenta, la alemana Ursula Von der Leyen, ha amenazado con expedientar a su país.

Los jueces alemanes han dado un plazo de tres meses al BCE para que explique sus operaciones. Las autoridades de Fráncfort no lo harán porque solo responden ante el Parlamento Europeo y el TJUE. Lo más probable es que sea el Bundesbank alemán, miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, quien proporcione la información solicitada por los jueces de su país. Si no les satisface podrían impedir al Bundesbank que participe en el programa del BCE. Y la crisis se agrandaría.

Hay dos asuntos clave. Primero está la cuestión institucional. Si los jueces alemanes no acatan las sentencias europeas, el TJUE queda muy debilitado para exigir el cumplimiento de sus fallos a los magistrados polacos o húngaros en sus países, en los que el Estado de derecho es preocupante.

En el terreno económico, la postura de Karlsruhe desconcierta a los bancos centrales europeos. Ven la postura alemana incoherente con el pensamiento económico alemán, que históricamente ha priorizado la lucha contra la inflación. La preocupación de los jueces alemanes por los efectos secundarios de la política monetaria sobre el resto de políticas económicas atenta contra la independencia del banco central.

Pero esto no es solo un asunto jurídico. En el fondo está el fallo histórico de la construcción del euro. La falta de política fiscal europea ha sobrecargado notablemente al BCE. Si la Unión dispusiera de la política fiscal y el presupuesto adecuado no se producirían estas tensiones. Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública. Algo impensable en Estados Unidos, Reino Unido o Japón, donde nadie discute que el banco central compre toda la deuda que haga falta. Volvemos a la casilla de salida. Urge una Constitución Europea que defina las competencias.

Enseñanzas de esta crisis

Enseñanzas de esta crisis

La crisis causada por la epidemia de covid-19 nos está dando muchas lecciones. La primera es una gran dosis de humildad. Nadie había considerado que se pudiera producir una epidemia tan grave a excepción de unos pocos epidemiólogos. Tampoco habíamos imaginado que tras los extraordinarios avances científicos, la humanidad hubiera mostrado una fragilidad tan estremecedora. Meses después del estallido de la epidemia todavía ignoramos cómo curar la enfermedad, si habrá un rebrote en otoño y cuándo dispondremos de vacunas.

En el mundo de la economía el desconcierto no es menor. Las instituciones internacionales no cesan de revisar sus previsiones con resultados cada vez más aterradores, sobre todo para la ocupación. La Organización Internacional del Trabajo prevé la destrucción de 230 millones de empleos. El Banco de España pronostica que  la actividad económica podría retroceder hasta en un 13,6% este año.

Esta crisis refleja que las leyes del mercado ya no pueden ser las únicas que regulen la economía. La necesidad de empresas con propósito social, respetuosas con los derechos de los trabajadores, consumidores y del medio ambiente ha pasado de ser un debate teórico a una urgencia. Asegurar la salud de los ciudadanos se ha convertido en una exigencia previa.

Segunda. El Estado debe desempeñar un mayor papel para asegurar los servicios sanitarios y sociales y una economía equilibrada. Los recortes del gasto sanitario exigidos por las recetas de austeridad han sido catastróficos.

Tercera. La respuesta social a la crisis revela que en la base de la sociedad se ha generado unos nuevos valores. El humanismo y la solidaridad son los nuevos referentes. Médicos, enfermeras, cuidadores, científicos, trabajadores públicos y privados que arriesgan sus vidas atendiendo en primera línea a los ciudadanos son los hombres y mujeres que despiertan más admiración. En España, más del 20% de las víctimas son personal sanitario y en Italia han fallecido más de 150 médicos. Los voluntarios se multiplican en todas partes. En el Reino Unido, 750.000 personas se han ofrecido para colaborar en el Servicio Nacional de Salud, el triple de lo esperado. En España se multiplican las ofertas de personas en las plataformas de voluntarios.

Las leyes del mercado no pueden ser las únicas que regulen la economía

Se imponen otras reglas basadas en la solidaridad y la sostenibilidad

Cuarta. Debemos replantear el trato que damos a los mayores. La mitad de las víctimas se ha producido en las residencias de ancianos. Hay que investigar la gestión de estos centros. Se trata de una actividad que debe guiarse por criterios humanísticos y no por la ganancia. Es necesaria una reflexión más exigente sobre si nuestra sociedad asegura el respeto que merecen los ancianos.

Quinta. El modelo de globalización sin límites ha sido un desastre. La externalización, por ejemplo, de la producción de mascarillas, respiradores y la materia para fabricar test a otros países han dejado indefensos a muchos Estados. Muchas empresas han quedado paralizadas por su dependencia de componentes fabricados en el exterior.  Se pierden cosechas por las restricciones a la entrada de inmigrantes. Ha sido ejemplar la decisión de Portugal de regularizar a los trabajadores sin papeles.

Sexta. Necesidad de una justicia fiscal y liquidar los paraísos fiscales. Los países del G-20 acordaron en 2009 luchar contra estas jurisdicciones sin lograrlo. Ahora Francia ha excluido de las ayudas públicas a las compañías establecidas en paraísos fiscales. La UE debería tomar nota.

Séptima. Revisar las relaciones internacionales. El virus no entiende de fronteras. Frente a la torpeza inicial de Francia y Alemania de impedir la venta de material sanitario a Italia, luego se ha visto el comportamiento ejemplar de los hospitales alemanes acogiendo a centenares de enfermos franceses. Esta crisis exige estrechar los lazos entre Estados y ciudadanos de la Unión. Pero la solidaridad debe extenderse a todos los pueblos del planeta. Las fronteras y los nacionalismos son el pasado. La ONU debe adquirir un mayor protagonismo. Europa tiene que volcarse en África para evitar una hecatombe.

Quizá la enseñanza principal de esta crisis es que el capitalismo que prioriza la búsqueda del beneficio es insostenible. Tenemos demasiados indicios en las tensiones sociales causadas por la desigualdad y los daños al medio ambiente. El parón económico ha mostrado que una atmósfera respirable es posible. Se imponen otras reglas basadas en la sostenibilidad y la solidaridad.

El desastre aún se puede evitar.

 

Sí es pueblo para viejos   … aunque estemos en plena pandemia

Sí es pueblo para viejos … aunque estemos en plena pandemia

Publicado en El Papel de Cercedilla

Artículo de José Manuel Ribera Casado

 

Pues sí, Cercedilla puede ser un buen lugar para los viejos. Por lo menos, este viejo y su mujer (no tan vieja, pero que ya tampoco hace la mili) lo hemos elegido como alternativa a Madrid para disfrutar de la cuarentena que nos impone el covid-19. Dado que pertenecer a lo que llaman «población en riesgo» obliga a extremar las precauciones…, ¡dónde mejor que en Cercedilla! Tranquilidad —aunque en estos días parece que esa es también la tónica de Madrid—, mayores posibilidades de estar al aire libre aunque sea en la propia casa, ausencia de ruidos, buenos amigos a la hora de comprar lo que nos dejan —como por ejemplo el periódico (saludos a Carlos y Mari Carmen) o medicinas en la farmacia—, supermercado abastecido y con gente amable, ambiente luminoso y panorama relajante: montes, prados y vacas en lugar de coches, casas y asfalto. Todo son ventajas.

Estos días parece obligado hablar del coronavirus y de su lista de desgracias asociadas En mi caso desde el prisma de la geriatría. Comentaré un par de puntos más allá de los problemas locales. Me he quejado en voz alta de que periódicos, radios y televisiones asociaran, sobre todo en los inicios, la edad y la mortalidad como elementos que, inexorablemente, van unidos. Pues bien, muchos de los enfermos y de los muertos no son viejos. Y hay además personas mayores que enferman, sobreviven y se curan. La edad en sí misma no es determinante de nada. Puede serlo cuando se asocia a otras condiciones, no siempre vinculadas a la salud. Asociar oficialmente edad y mortalidad solo sirve para estigmatizar aún más a la población mayor. Incluso puede conducir a su exclusión de medidas que han demostrado ser útiles pero que en un momento de gran demanda no alcanzan para todos. Mensaje repetido: la edad en cuanto tal no debe utilizarse nunca en medicina como criterio de decisión diagnóstica ni terapéutica. Lo dice la bioética y lo dice también el sentido común.

Otro tema que sale una y otra vez en estos días es el que tiene que ver con el mundo de las residencias. Se ha utilizado, esencialmente, como munición política para atacar al Gobierno y al grupo de expertos designados por él, denunciando falta de previsión e incompetencia. Se trata de una cuestión que, en efecto, merece un análisis sosegado y profundo. Sobre todo porque cuando llegue la normalidad habrá que extraer lecciones para el futuro. En todo caso cualquier tipo de reflexión debe partir de unas bases previas. La primera y más obvia es que las residencias son necesarias. Idealmente la gente desea estar en su casa, pero hay personas mayores que no disponen de ella o, por razones derivadas de su mala salud, situación de dependencia u otras, requieren de estas instituciones. En España se aproximan a medio millón quienes las necesitan.

La segunda premisa es que las residencias constituyen un colectivo muy heterogéneo que difícilmente se puede valorar en bloque. Lo son en relación a su adscripción: públicas, concertadas, privadas con o sin ánimo de lucro, etc. También a su tamaño, desde diez o doce camas hasta varios cientos. Incluso en lo referido a las normas por las que se rigen, con disposiciones de ámbito estatal, comunitario o municipal. Y, por supuesto, existen enormes diferencias en cuestiones que tienen que ver con la dotación material y de personal, así como con la cantidad y calidad de los servicios ofertados.

Un tercer factor es la evidencia de que quienes viven en ellas son muy vulnerables a cualquier agresión externa que afecte a la salud. En este caso, el coronavirus. La edad media del residente se aproxima a los noventa años. Muchos requieren ayudas (son dependientes) para diversas actividades de la vida diaria. La norma es que estén polimedicados y con pluripatología física y/o mental. Su vida transcurre en un entorno muy cerrado, con poca intimidad y con unas rutinas diarias compartidas en espacios comunes. Además, al tratarse de una alternativa al propio domicilio, el nivel de medicalización de las residencias suele ser bajo, lo que las obliga a estar a expensas de la atención primaria del centro de salud más próximo para cualquier problema de salud sobrevenido.

Imagen: Daniel G. Pelillo

A partir de estas premisas no debe extrañar que el virus se haya ensañado con las personas que viven en este medio. Es cierto que en un primer momento no se prestó demasiada atención al colectivo. Se insistió en medidas generales orientadas a la ciudadanía e incluso en establecer protocolos hospitalarios ante la avalancha que se venía encima. La responsabilidad en el retraso en la atención al medio residencial está muy repartida. El equipo coordinador central no fue el único —ni probablemente el principal— culpable de actuar con retraso. No detectaron el problema las comunidades autónomas competentes en estas materias, o, si lo hicieron y se lo callaron, sería aún peor. La mayoría de las empresas responsables de las residencias también reaccionaron tarde y mal. La lista puede ser larga. A esta tardanza culposa cabe añadir un ambiente social caldeado que explica bien los dos principales problemas de atención cuando todo se desborda. El rechazo por parte de las urgencias y de las ucis hospitalarias, y las enormes dificultades para aislar a estos enfermos en unos centros que no estaban diseñados para la situación.

Bien mirado, ha habido ejemplos para todo, desde los desastres que nos han mostrado los telediarios hasta residencias en las que no se ha producido ni un solo caso de contagio —alguna de ellas, por cierto, aquí en Cercedilla—. La interpretación parece clara y pasa por la ya citada heterogeneidad de este mundo. Probablemente también por factores derivados de un mal control por parte de las administraciones y de muchas de las propias empresas, responsables directas de vigilar las medidas preventivas y las señales de alarma. El edadismo social, fomentado a través de los medios, es otro factor que contribuye a explicar la mala atención prestada al colectivo. Probablemente es pronto para intentar extraer cualquier tipo de conclusión más o menos definitiva, pero lo que parece claro es que la cuestión ha quedado sobre la mesa, pendiente de la búsqueda de fórmulas que mejoren el futuro del mundo residencial.

Otro comentario de carácter general que no me resisto a hacer tiene que ver con la miseria mental exhibida sin pudor desde ámbitos a los que cabría atribuir un mayor grado de solidaridad en la lucha contra una plaga que a todos nos afecta. «Al enemigo ni agua», dijo alguien en plena batalla. El caso es que aquí el enemigo es el coronavirus, pero para algunos no lo parece. Desde luego no son enemigos quienes se están dejando la piel por hacer las cosas lo mejor posible. Pero vemos cada día cómo, ante cualquier toma de decisión —da igual el tema—, si se propone blanco habría que haber propuesto negro, y si negro lo correcto hubiera sido blanco.

Parece, visto lo visto, que rememos en barcos distintos, que no todos deseemos el fin de la pandemia. Lo importante es erosionar al contrario, barrer para casa, condicionar cualquier colaboración a lo que se supone es el interés de mi colectivo o de mi partido. Amenazar con los jueces que, por cierto, no creo que pinten mucho en este panorama, y un etcétera larguísimo. Estamos ante un problema nuevo sobre el que no hay experiencias previas. Es evidente que hay que improvisar, que se cometen errores, que estos deben ser señalados cuando se detectan y que las rectificaciones tienen que ser frecuentes. Pero el objetivo final debiera ser único para todos.

Dicho todo lo anterior, vuelvo a Cercedilla. Mi experiencia personal en este encierro local que, en mi caso, ya ha superado las seis semanas está siendo muy positiva. Aunque sea confinado y con unas salidas muy limitadas, siempre dentro de las excepciones previstas, mi percepción de cómo viven sus habitantes este periodo es sin duda muy buena. Apenas gente en las calles, protecciones con mascarillas y guantes en los supermercados, colas que respetan las distancias tanto para entrar en los locales autorizados como a la hora de pagar en las cajas correspondientes, y mi vecina haciendo batas para hospitales y residencias. Sobre todo, una actitud de educación y enorme respeto hacia el resto de los conciudadanos. Disciplina, solidaridad vecinal y buen rollo. Yo veo y escucho en las conversaciones que me quedan a mano ambiente de esperanza, de que esto no va a durar siempre y que pronto volverán los encuentros, los abrazos y las salidas a cenar juntos.

Hagamos todos porque sea así.

 

 
La innovación financiera, la gran aliada de la inclusión financiera

La innovación financiera, la gran aliada de la inclusión financiera

La educación y la inclusión financiera[1] están atrayendo cada vez más atención. Desde la crisis de 2008, cada vez son más las instituciones y entidades financieras que están desarrollando programas orientados al crecimiento económico y la equidad social. La potencial influencia de la inclusión financiera sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento económico e, incluso, la estabilidad del sistema financiero explica por sí misma la importancia de desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar que las personas tengan acceso a productos financieros útiles que satisfagan sus necesidades −de forma responsable, ética y sostenible−. En resumen, promover la inclusión financiera es impulsar la prosperidad y reducir la pobreza.

La Agenda 2030 incluyó entre los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (véase Objetivos 10, 11, 12 y, especialmente, el 8) la inclusión financiera con el fin de promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. En este sentido, el G-20 atiende a tres dimensiones a la hora de medir la inclusión financiera de un país: (i) acceso a los servicios financieros; (ii) el uso de los servicios financieros; y (iii) la calidad de los productos y de la prestación de servicios.

En nuestro país, de acuerdo con el Global Findex database (2017)[2], el 93% de los mayores de 15 años tienen acceso a internet en casa, cifra que se reduce significativamente, hasta un 71,5%, en el caso de mayores de 60 años. Respecto al número de adultos que poseen cuentas, el 97% de los encuestados respondieron afirmativamente. En cuanto al uso de pagos digitales, los datos de la encuesta reflejan que la sociedad española (más del 90% de la población joven y adulta) está altamente incorporada al tráfico de las tarjetas de débito, crédito y el pago con teléfono (desafortunadamente, el índice del Banco Mundial no desdobla los datos entre las tarjetas bancarias y el pago por teléfono). No obstante, en cuanto al uso de la banca digital y las aplicaciones móviles, podemos observar una fuerte diferenciación tanto por edad como por sexo. El 61% de adultos comprendidos entre los 15 y los 59 años afirma consultar sus cuentas vía internet o por aplicaciones del teléfono móvil. Sin embargo, entre los mayores de 60 años, esta cifra se reduce al 35%. Diferenciando por sexo, el 65% de los adultos varones consulta sus cuentas vía internet o por la aplicación del teléfono móvil, cifra que desciende al 56,5% si nos referimos a mujeres.

A nivel europeo, España se sitúa entre países con un mayor grado de inclusión financiera. La configuración del sistema bancario en nuestro país y el alto grado de presencialidad ha favorecido la inclusión de la ciudadanía. No obstante, el sector se encuentra inmerso en un fuerte retroceso como consecuencia del proceso de reestructuración. Desde 2008, han cerrado en torno a 20.000 oficinas bancarias. Por otra parte, la digitalización está forzando a que muchos trámites que se venían haciendo en “ventanilla”, ahora sólo puedan realizarse digitalmente. Si bien, es importante destacar que, según un estudio de MasterdCard, más del 40% de los españoles cree que una mejor educación sobre productos financieros y digitales ayudaría a impulsar la inclusión.

Recientemente, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ha publicado varios estudios acerca del impacto de la innovación financiera en la inclusión. En su estudio, Thomas Philippon[3] evidencia que la implementación de Fintech puede aumentar la eficiencia en la intermediación y reducir los costes en el acceso a los servicios financieros. Sin embargo, advierte de posibles sesgos discriminatorios en los algoritmos de las Fintech. Por otro lado, en el estudio Payment aspects of financial inclusion in the fintech era[4], el BIS reitera la importancia de la innovación financiera en materia de pagos como vía para promover la inclusión financiera. Sin embargo, la institución alerta de posibles riesgos que pueden conllevar las Fintech como resistencia operativa y cibernética, protección del cliente, protección de datos y privacidad, exclusión digital o concentración del mercado. Con el fin de afrontar estos riesgos y garantizar una verdadera inclusión, el BIS hace un llamamiento a la cooperación y coordinación efectiva entre supervisores y legisladores, así como al compromiso de los interesados.

Recapitulando, podemos concluir que los beneficios de la inclusión financiera pueden ser extraordinarios. La innovación financiera y las nuevas formas de financiación (p. ej. el crowdfunding) están permitiendo que las personas reciban pagos y capital de forma más directa, sencilla y barata. No cabe duda de que la digitalización supone un valor añadido a la prestación de servicios financieros. Por ello, es necesario que apliquemos la tecnología para garantizar el acceso pleno a los ciudadanos no bancarizados. La innovación financiera es nuestro gran aliado para superar los obstáculos que, hoy en día, impiden a un importante porcentaje de la población el acceso a los servicios financieros. Pero no olvidemos que su implantación debe venir acompañada de un programa de educación financiera, de la capacitación para las nuevas tecnologías y de un marco regulatorio que evite los efectos adversos de la tecnología.

[1] Definición OCDE/INFE “inclusión financiera”: proceso de promover un acceso asequible, oportuno y adecuado a una gama de productos y servicios financieros regulados, y extender su utilización a todos los segmentos de la sociedad mediante la aplicación de enfoques adaptados a las circunstancias, ya existentes o innovadores, entre los que se incluye la concienciación y la educación financieras, con el fin de promover el bienestar financiero y la inclusión social.

[2] Los últimos datos disponibles por el World Bank respecto a España son los correspondientes a 2017.

[3] Philippon, T. (2020). On fintech and financial inclusión. BIS Working Papers No 841. Disponible en https://www.bis.org/publ/work841.pdf

[4] Bank for International Sttlements. (2020). Payment aspects of financial inclusion in the fintech era. Committee on Payments and Market Infrastructures. Disponible en https://www.bis.org/cpmi/publ/d191.pdf