Finsalud investigará la salud de los empleados bancarios.

Finsalud investigará la salud de los empleados bancarios.

Publicado en el blog Alternativas Económicas por .

Las secuelas de la crisis financiera de 2008 perduran. Los estragos ocasionados no se han limitado a los perjuicios económicos para cientos de miles de familias, sino que en muchos casos han afectado también a su salud. La Fundación Finsalud ha impulsado varios trabajos de investigación sobre los trastornos en la salud que han sufrido los clientes bancarios que han sido víctimas de abusos y malas prácticas por parte de las entidades.

Un estudio de la fundación de 2017 concluyó que las personas que habían perdido una parte relevante de sus ahorros en participaciones preferentes y obligaciones subordinadas o habían sufrido importantes menoscabos como titulares de hipotecas en moneda extranjera (multidivisas) tenían peor salud física y mental y peor calidad de vida que la población general de las mismas características.

En el curso de su foro anual celebrado la semana pasada en Madrid, la fundación anunció la puesta en marcha de una nueva investigación para examinar las variaciones de salud de los empleados del sector bancario en relación a su actividad laboral. La Fundación Finsalud, cuyo presidente de honor es José Manuel Ribera Casado, catedrático emérito de Geriatría, ha recibido indicios de las situaciones de estrés padecidas por los trabajadores de banca durante la crisis y años posteriores a consecuencia de la presión en la comercialización de determinados productos.

El trabajo se desarrollará por un equipo, cuyo investigador principal será el matemático y doctor en biología Miguel Juliá. La investigación contará con la colaboración del sindicato Confederación Intersindical de Crédito, (CIC ), presidida por Gonzalo Postigo. El trabajo se realizará con una muestra de 5.000 empleados bancarios. La iniciativa ofrecerá la participación a los demás sindicatos y a las asociaciones de las entidades financieras.

La celebración del foro propició un amplio debate sobre el retroceso que están registrando los derechos de los consumidores durante los últimos años a consecuencia de la última crisis financiera. El deterioro de los derechos de los ciudadanos se ha acelerado por el proceso de digitalización y la concentración de entidades financieras y energéticas que ha debilitado la posición de los clientes ante las cada vez más grandes y poderosas corporaciones.

El retroceso en los derechos de los ciudadanos es debido principalmente a la falta de una legislación adecuada, la ausencia de una autoridad que proteja específicamente a los consumidores y a la involución que ha experimentado la Sala Civil del Tribunal Supremo en determinados asuntos vitales para los consumidores.

La decadencia de derechos fue analizada por destacados juristas en el foro. La abogada Patricia Gabeiras, reconocida experta en las hipotecas en moneda extranjera, uno de los productos que ha causado más estragos, mostró su preocupación por los cambios recientes en la doctrina del alto tribunal que «no contribuyen a la seguridad jurídica, sino que están creando el caos». Gabeiras, que ha logrado 13 sentencias de las 24 que ha dictado el Tribunal Supremo a favor de los clientes en relación a las multidivisas, censuró el cambio del máximo tribunal en el orden civil, que ha dejado de apoyar los derechos de los consumidores como había hecho en el pasado, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La misma preocupación por la inseguridad jurídica y el caos creado expresó el abogado Pablo Franquet, especialista en swaps o permutas financieras, otro producto que ha ocasionado severos estragos a familias y empresas. El abogado mostró su inquietud por la creación por el Tribunal Supremo de la categoría del «cliente minorista experto», un concepto que en su propia definición encierra una clara contradicción y que no está previsto en la ley. La normativa MIFID que regula los mercados e instrumentos financieros distingue tres categorías de actores en este campo. Los minoristas, que se corresponden con los consumidores, que son los que tienen menos información y a  los que la ley concede la máxima protección; los profesionales y los denominados contraparte (bancos y empresas de inversión) que son los que tienen el máximo conocimiento del mercado y la menor protección legal. La nueva categoría de «minorista experto», deja a los consumidores en una situación de protección inferior a la de los profesionales.

La desprotección de los consumidores fue analizada desde otra perspectiva por Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil, que criticó al supervisor porque a su juicio «no ha hecho su trabajo». Reprochó la situación existente en España donde una misma autoridad tiene la misión de garantizar la solvencia de las entidades y proteger a los consumidores. Es un sistema que, en su opinión, no puede funcionar porque «el mismo señor tutela al verdugo y a la víctima». Abogó por el modelo conocido como twin peaks o picos gemelos, constituido por dos autoridades independientes, una para garantizar la solvencia de los bancos y otra para proteger a los consumidores. Cuena, investigadora visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, puso como referente el modelo  implantado por Barack Obama tras la crisis financiera en Estados Unidos, que creó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, (CFPB por sus siglas en inglés) con importantes poderes. El director de la oficina, actualmente Rohit Chopra, cuenta con total independencia para nombrar a su equipo y dispone de los recursos financieros que precisa. En 2020 impuso sanciones a las entidades financieras por 12.900 millones de dólares, (11.170 millones de euros) y sus resoluciones beneficiaron a 175 millones de personas.

El aumento de las malas prácticas inquieta a las autoridades. Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reconoció que la institución «lleva ya tiempo preocupada por el aumento de estafas y fraudes».

Gloria Caballero y José Manuel Gómez de Miguel, antiguo jefe de Regulación Bancaria del Banco de España, plantearon la conveniencia de potenciar la educación financiera de los ciudadanos para mejorar el conocimiento de sus derechos en sus actividades relacionadas con las entidades financieras. La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez, defendió también la necesidad de aumentar la educación financiera, pero advirtió que «era insuficiente para proteger de forma eficaz a los consumidores». Señaló que no se puede trasladar toda la responsabilidad de lo ocurrido a la falta de conocimiento de los ciudadanos. «A mí», añadió, «una mejor educación no me habría salvado, y por eso me decidí a crear una asociación».

En el acto intervino también Carlos Ballugera, registrador de la propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, que subrayó la necesidad de distinguir entre inversores y ahorradores. «No se puede dar el mismo trato», señaló, «a los inversores que buscan la manera de obtener una mejor rentabilidad que a los consumidores que van al mercado para satisfacer sus necesidades», como es el caso de los que tienen que pedir una hipoteca para adquirir una vivienda.

Fernando Zunzunegui, abogado, profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad Carlos III y presidente de Finsalud, sintetizó las intervenciones desarrolladas en el foro expresando su preocupación por la desprotección de los ciudadanos. Definió la situación actual como de «anomia, que se caracteriza por la inexistencia de normas, o incumplimiento de las existentes». Defendió el principio de la Constitución de 1812, reiterado en la de 1978, que proclama que el fin de toda sociedad política «es el bienestar de los individuos». El profesor Zunzunegui insistió en la idea de perseguir el bienestar de los ciudadanos y para ello planteó la conveniencia de «cuidar el sistema y adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos».

Otras referencias: Derechos económicos en retroceso.

 

La Fundación Finsalud organiza su Foro Anual

La Fundación Finsalud organiza su Foro Anual

La fundación Finsalud organiza el Foro Anual Finsalud el próximo 3 de noviembre de 2021.

La cita tendrá lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (Pº de Recoletos nº 13 de Madrid), se hará en formato mesas coloquio y podrá seguirse de forma telemática, así como con asistencia presencial.

La inauguración del acto correrá a cargo de Fernando Zunzunegui y acto constará de tres mesas coloquio de una duración aproximada de 45 minutos cada una, todas moderadas por patronos de la Fundación.

La primera mesa, centrada en los fines y objetivos de la educación financiera estará moderada por Roberto Serrano, y contará con las ponencias de Gloria Caballero, subdirectora del departamento de educación financiera de la CNMV, José Manuel Gómez de Miguel patrono de la Fundación y Patricia Suarez, presidenta de ASUFIN y antigua patrona de Finsalud.

La segunda mesa coloquio que dará comienzo a las 18 horas abordará la función del Asesor Financiero y estará moderada por Pau Monserrat, y participan Santiago Satrustegui, Presidente de EFPA España,  Fernando Ibañez, presidente de ASEAFI y Sara Gutierrez socia de Finreg360.

Por último, la mesa destinada a analizar la seguridad jurídica en el mercado financiero con especial atención a la figura del cliente minorista experto, estará moderada por Andreu Missé, vicepresidente de la Fundación y contará con las ponencias de los patronos de la fundación Pablo Franquet, Patricia Gabeiras y de la vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, Matilde Cuena.

La clausura del acto correrá a cargo del Presidente Honorario de la Fundación, José Manuel Ribera Casado.

Este acto se enmarca dentro de las actividades de la Fundación enfocadas a mejorar la educación financiera y la salud de los mercados financieros, estos objetivos se unen al estudio del efecto de las prácticas financieras abusivas en la salud.

El acto es patrocinado por Zunzunegui Abogados, principal benefactor de la Fundación y cuenta con la colaboración de la Fundación Hay derecho y de EFPA España, asimismo la asistencia presencial por parte de asociados de EFPA podrá convalidarse por dos horas de formación para la recertificación EIA, EIP, EFA y EFP. Para los asistentes online, será necesario que superen el test para la suma de las 2 horas

La inscripción al evento puede realizarse aquí.

Asesoramiento financiero y salud física y mental.

Asesoramiento financiero y salud física y mental.

Publicado en la Revista de Asesores Financieros de EFPA

 

La Fundación Finsalud fue creada con el objetivo de mejorar la salud física y mental de las personas que han sufrido fraudes financieros y se ha convertido en un referente en cuestiones relacionadas con finanzas y salud con la publicación del estudio “Fraudes financieros y salud” en el año 2017. La revista de Asesores Financieros de EFPA recoge el testigo de las labores iniciadas por la por la Fundación publicando en su último número un artículo sobre “Situación financiera y salud física y mental” en el que cuenta con la colaboración de María Victoria Zunzunegui quien fue Patrona de la Fundación, miembro del Comité Científico e investigadora principal del estudio.

En este artículo Maria Victoria manifiesta que “los efectos de los problemas financieros en la salud física y mental están muy documentados, empezando por los efectos de la pobreza crónica y continuando por las pérdidas económicas abruptas (economic shocks). El dinero cura y su ausencia enferma. La relación entre riqueza y salud es un amplio campo de investigación de la epidemiología social, últimamente muy centrado en la evaluación de los efectos de políticas públicas para la erradicación de la pobreza sobre la salud de la población”. Además, añade que, “la relación de confianza entre el asesor financiero y su cliente debería estar basada en la ética profesional. Los consumidores de productos financieros deberían estar protegidos y un actor importante en esta protección debería ser el asesor financiero”.

El coste social de los paraísos fiscales

El coste social de los paraísos fiscales

Imagen de George Town, capital de las Islas Caimán. RMANERA / GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO
Publicado en El País

Los ingresos públicos sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas.

La pandemia está trastornando la economía y la vida entera de los ciudadanos. Los Estados encuentran cada vez más dificultades para financiar los crecientes gastos sanitarios que se han disparado por las dimensiones de la enfermedad. El Cercle d’ Economia de Barcelona estima que el gasto sanitario debería incrementarse en el 1% del PIB (12.240 millones de euros). Precisa que este incremento situaría a España en la media del gasto sanitario total, público y privado, de la Unión Europea, que representa el 9,9% de su PIB en su conjunto.

En las circunstancias actuales los ingresos fiscales, que son vitales para asegurar la sanidad, educación, pensiones, vivienda, y servicios sociales, sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas hacia los paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Los esfuerzos desde hace siete años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para acabar con estas distorsiones han sido infructuosos.

Hasta ahora la evasión de impuestos vía paraísos fiscales se planteaba como una cuestión de justicia. Pero la covid-19 ha convertido el dinero de los impuestos en un asunto de vida o muerte. Lo acaba de plantear la organización Tax Justice Network, (TJN). En su riguroso estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020 sostiene que el mundo pierde cada año 360.000 millones de euros por los flujos ilícitos internacionales. Esta cantidad supone un fuerte coste social que equivaldría al salario anual de 34 millones de enfermeras. La mayor parte de esta colosal evasión, 206.000 millones de euros, procede de transferencias de beneficios de multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Otros 153.000 millones corresponden a transmisiones de los individuos más ricos a estos lugares.

TJN estima que si se aplican los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) la suma de las pérdidas directas e indirectas por la evasión fiscal a los paraísos fiscales se eleva a 826.000 millones de euros anuales.

En España los quebrantos por las fugas ilícitas ascienden a 3.690 millones de euros, equivalentes al 5% del gasto sanitario o al salario de 107.390 enfermeras. Un informe de Oxfam Intermón indica que las empresas españolas del Ibex 35 tienen 740 filiales en paraísos fiscales.

En estas actividades el territorio británico de las Islas Caimán es el más devastador, al ocasionar unos perjuicios de 59.441 millones de euros anuales a otros países. Es inadmisible el destacado papel de tres Estados europeos en el robo de ingresos fiscales a sus socios. Las pérdidas fiscales ocasionadas por Holanda a sus vecinos ascienden a 30.670 millones de euros. En Luxemburgo e Irlanda se elevan a 23.279 y 13.348 millones de euros, respectivamente.

Los paraísos fiscales se han convertido en un problema de supervivencia para los sistemas de bienestar europeos. El pasado julio la Comisión Europea dio un paso importante al recomendar no conceder ayudas públicas a las compañías vinculadas con paraísos fiscales. Si la UE quiere sobrevivir con su modelo social debe acabar definitivamente con estas conductas.

Las contradicciones del Tribunal Supremo

Las contradicciones del Tribunal Supremo

Publicado en El País

En España la normativa europea ha sido muy torpedeada, permitiendo que contratos como los préstamos hipotecarios estén plagados de cláusulas abusivas

Durante el siglo pasado el desarrollo del consumo de masas condujo a un nuevo modelo de contratación. Proliferaron los contratos de adhesión redactados por las compañías en los que el consumidor se encontraba en situación de inferioridad al disponer de menos información.

 Este desequilibrio fue analizado por juristas alemanes e italianos que abogaron por proteger la posición de los ciudadanos. En 1993, Europa incorporó estas ideas con un doble objetivo: evitar distorsiones a la competencia y proteger a los consumidores.

En España la normativa europea ha sido muy torpedeada, permitiendo que contratos como los préstamos hipotecarios estén plagados de cláusulas abusivas. Carlos Ballugera, registrador de la Propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha detectado más de 90 cláusulas abusivas como intereses de demora excesivos, cláusulas suelo o el empleo del IRPH (Índice de Referencia de préstamos hipotecarios).

La lucha contra las malas prácticas ha sido llevada a cabo por juristas y asociaciones de consumidores. Ha sido muy valiosa la labor de determinados jueces que han preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dilucidara sobre si ciertas leyes o la doctrina del Tribunal Supremo eran compatibles con la Unión.

Numerosas sentencias europeas han forzado el cambio de normas y obligado al Supremo a rectificar. La confrontación en el TJUE ha mostrado como los abogados del Estado han defendido a la banca, mientras que los consumidores han contado con el apoyo de la Comisión Europea. El Tribunal Supremo ha tratado de mantener el statu quo favorable a los intereses económicos reinterpretando las sentencias europeas. Esta semana hemos tenido el último ejemplo. El Alto Tribunal ha declarado en cuatro repetitivas sentencias, que la cláusula que incorpora el IRPH no es transparente, pero no es abusiva.

Afortunadamente el magistrado Francisco Javier Arroyo ha discrepado al manifestar esclarecedoramente que la cláusula que fijó el IRPH es abusiva. Sostiene que según el doble criterio europeo la abusividad se produce por falta de buena fe y causar un perjuicio. Arroyo estima que el banco “no trató al consumidor de manera leal al no ofrecerle la información legalmente requerida”. Y precisa que la ausencia de información perjudicó al consumidor “porque no ha podido comparar con otras ofertas del mercado”. En 2017 Arroyo se adhirió al voto discrepante del magistrado Javier Orduña sobre esta materia cuando señaló que se trataba de una cláusula “abusiva e ineficaz”.

El debate es un tanto desatinado. Las hipotecas con IRPH son y serán siempre más costosas que el euríbor, porque a este índice le añaden comisiones y gastos. Nadie las hubiera aceptado si se lo hubieran explicado.

El Supremo se contradice. En las cláusulas suelo admitió que la falta de transparencia implicaba abusividad porque había engaño. Para la Comisión la información dada en el IRPH es engañosa. También se contradice porque en 2019 validó cuatro acuerdos en los que Caixabank aceptó cambiar el IRPH por el euríbor y devolver lo cobrado indebidamente. El asunto exigirá nuevas intervenciones del TJUE, pero esto tiene un coste inaceptable.

Un 11% de los madrileños declara haber sido víctima de un fraude financiero

Un 11% de los madrileños declara haber sido víctima de un fraude financiero

  • Las víctimas de fraudes financieros señalan como consecuencia directa una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.
  • El 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica

 

El Ayuntamiento de Madrid ha publicado recientemente la tercera edición del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, en el cual se describe la situación de la salud de la población madrileña atendiendo a un elenco de indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad y la carga de enfermedad, en relación con factores tanto sociales, económicos y  ambientales, como demográficos, del  sistema de cuidados y de los estilos de vida.

Este trabajo de investigación epidemiológica pretende conocer el estado y los principales problemas de salud de la población de la capital de España. Asimismo, el estudio pretende identificar los determinantes sociales y otros factores del entorno, como las diferencias territoriales existentes, y su repercusión en la salud de la población madrileña.

Los datos del estudio, que datan de 2018, destacan entre los factores de mayor incidencia los de índole socioeconómica. En concreto, este nuevo informe del Ayuntamiento de Madrid señala que un 11% de los encuestados declara haber sido víctima de algún tipo de fraude financiero en la última década y, además, señalan como una de sus consecuencias directas una peor salud autopercibida, una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.

De acuerdo con los datos del estudio, este tipo de problema viene afectando sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad, pues los productos financieros complejos se han vendido con frecuencia a personas mayores o sin conocimientos financieros y con escasa experiencia en inversión y funcionamiento de los mercados (p. 111). En este sentido, el informe trae a colación un estudio de María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología y ex patrona de la Fundación Finsalud, en el cual se reafirmaba que los fraudes financieros pueden ser importante factor de riesgo para la salud de la población.

Atendiendo al tipo de producto financiero, el 44% de las personas afectadas afirma que el fraude sufrido se relaciona con hipotecas, productos vinculados y otros créditos abusivos; y el 35% con productos de inversión. Respecto a su incidencia, el informe señala que “un 28,5% de las personas que lo han sufrido, tiene riesgo de padecer mala salud mental, frente a un 21% del conjunto de la población. Asimismo, el 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica, frente a un 39,9% en la población total. Un 31,1% manifiesta una mala percepción de su salud”.

Desde la Fundación Finsalud, llevamos años alertando del impacto que los fraudes financieros tienen sobre la salud de las personas. Por ello, creemos que los resultados de este estudio son prueba suficiente para que las autoridades adopten un papel más proactivo en la prevención de estos fraudes. El alto número de vecinos de la ciudad de Madrid que declaran sufrir problemas de salud como consecuencia de las malas prácticas financieras evidencia que es un problema de salud pública.

Puede consultar el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018 aquí.