Los ingresos públicos sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas.
La pandemia está trastornando la economía y la vida entera de los ciudadanos. Los Estados encuentran cada vez más dificultades para financiar los crecientes gastos sanitarios que se han disparado por las dimensiones de la enfermedad. El Cercle d’ Economia de Barcelona estima que el gasto sanitario debería incrementarse en el 1% del PIB (12.240 millones de euros). Precisa que este incremento situaría a España en la media del gasto sanitario total, público y privado, de la Unión Europea, que representa el 9,9% de su PIB en su conjunto.
En las circunstancias actuales los ingresos fiscales, que son vitales para asegurar la sanidad, educación, pensiones, vivienda, y servicios sociales, sufren una extraordinaria merma por la fuga de beneficios de las multinacionales y grandes fortunas hacia los paraísos fiscales y territorios de baja tributación. Los esfuerzos desde hace siete años de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para acabar con estas distorsiones han sido infructuosos.
Hasta ahora la evasión de impuestos vía paraísos fiscales se planteaba como una cuestión de justicia. Pero la covid-19 ha convertido el dinero de los impuestos en un asunto de vida o muerte. Lo acaba de plantear la organización Tax Justice Network, (TJN). En su riguroso estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020 sostiene que el mundo pierde cada año 360.000 millones de euros por los flujos ilícitos internacionales. Esta cantidad supone un fuerte coste social que equivaldría al salario anual de 34 millones de enfermeras. La mayor parte de esta colosal evasión, 206.000 millones de euros, procede de transferencias de beneficios de multinacionales a territorios de baja o nula tributación. Otros 153.000 millones corresponden a transmisiones de los individuos más ricos a estos lugares.
TJN estima que si se aplican los criterios del Fondo Monetario Internacional (FMI) la suma de las pérdidas directas e indirectas por la evasión fiscal a los paraísos fiscales se eleva a 826.000 millones de euros anuales.
En estas actividades el territorio británico de las Islas Caimán es el más devastador, al ocasionar unos perjuicios de 59.441 millones de euros anuales a otros países. Es inadmisible el destacado papel de tres Estados europeos en el robo de ingresos fiscales a sus socios. Las pérdidas fiscales ocasionadas por Holanda a sus vecinos ascienden a 30.670 millones de euros. En Luxemburgo e Irlanda se elevan a 23.279 y 13.348 millones de euros, respectivamente.
Los paraísos fiscales se han convertido en un problema de supervivencia para los sistemas de bienestar europeos. El pasado julio la Comisión Europea dio un paso importante al recomendar no conceder ayudas públicas a las compañías vinculadas con paraísos fiscales. Si la UE quiere sobrevivir con su modelo social debe acabar definitivamente con estas conductas.
En España la normativa europea ha sido muy torpedeada, permitiendo que contratos como los préstamos hipotecarios estén plagados de cláusulas abusivas
Durante el siglo pasado el desarrollo del consumo de masas condujo a un nuevo modelo de contratación. Proliferaron los contratos de adhesión redactados por las compañías en los que el consumidor se encontraba en situación de inferioridad al disponer de menos información.
Este desequilibrio fue analizado por juristas alemanes e italianos que abogaron por proteger la posición de los ciudadanos. En 1993, Europa incorporó estas ideas con un doble objetivo: evitar distorsiones a la competencia y proteger a los consumidores.
En España la normativa europea ha sido muy torpedeada, permitiendo que contratos como los préstamos hipotecarios estén plagados de cláusulas abusivas. Carlos Ballugera, registrador de la Propiedad y presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, ha detectado más de 90 cláusulas abusivas como intereses de demora excesivos, cláusulas suelo o el empleo del IRPH (Índice de Referencia de préstamos hipotecarios).
La lucha contra las malas prácticas ha sido llevada a cabo por juristas y asociaciones de consumidores. Ha sido muy valiosa la labor de determinados jueces que han preguntado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dilucidara sobre si ciertas leyes o la doctrina del Tribunal Supremo eran compatibles con la Unión.
Numerosas sentencias europeas han forzado el cambio de normas y obligado al Supremo a rectificar. La confrontación en el TJUE ha mostrado como los abogados del Estado han defendido a la banca, mientras que los consumidores han contado con el apoyo de la Comisión Europea. El Tribunal Supremo ha tratado de mantener el statu quo favorable a los intereses económicos reinterpretando las sentencias europeas. Esta semana hemos tenido el último ejemplo. El Alto Tribunal ha declarado en cuatro repetitivas sentencias, que la cláusula que incorpora el IRPH no es transparente, pero no es abusiva.
Afortunadamente el magistrado Francisco Javier Arroyo ha discrepado al manifestar esclarecedoramente que la cláusula que fijó el IRPH es abusiva. Sostiene que según el doble criterio europeo la abusividad se produce por falta de buena fe y causar un perjuicio. Arroyo estima que el banco “no trató al consumidor de manera leal al no ofrecerle la información legalmente requerida”. Y precisa que la ausencia de información perjudicó al consumidor “porque no ha podido comparar con otras ofertas del mercado”. En 2017 Arroyo se adhirió al voto discrepante del magistrado Javier Orduña sobre esta materia cuando señaló que se trataba de una cláusula “abusiva e ineficaz”.
El debate es un tanto desatinado. Las hipotecas con IRPH son y serán siempre más costosas que el euríbor, porque a este índice le añaden comisiones y gastos. Nadie las hubiera aceptado si se lo hubieran explicado.
El Supremo se contradice. En las cláusulas suelo admitió que la falta de transparencia implicaba abusividad porque había engaño. Para la Comisión la información dada en el IRPH es engañosa. También se contradice porque en 2019 validó cuatro acuerdos en los que Caixabank aceptó cambiar el IRPH por el euríbor y devolver lo cobrado indebidamente. El asunto exigirá nuevas intervenciones del TJUE, pero esto tiene un coste inaceptable.
Las víctimas de fraudes financieros señalan como consecuencia directa una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.
El 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado recientemente la tercera edición del Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, en el cual se describe la situación de la salud de la población madrileña atendiendo a un elenco de indicadores como la esperanza de vida, la mortalidad, la morbilidad, la discapacidad y la carga de enfermedad, en relación con factores tanto sociales, económicos y ambientales, como demográficos, del sistema de cuidados y de los estilos de vida.
Este trabajo de investigación epidemiológica pretende conocer el estado y los principales problemas de salud de la población de la capital de España. Asimismo, el estudio pretende identificar los determinantes sociales y otros factores del entorno, como las diferencias territoriales existentes, y su repercusión en la salud de la población madrileña.
Los datos del estudio, que datan de 2018, destacan entre los factores de mayor incidencia los de índole socioeconómica. En concreto, este nuevo informe del Ayuntamiento de Madrid señala que un 11% de los encuestados declara haber sido víctima de algún tipo de fraude financiero en la última década y, además, señalan como una de sus consecuencias directas una peor salud autopercibida, una peor calidad de vida y un mayor riesgo para la salud mental.
De acuerdo con los datos del estudio, este tipo de problema viene afectando sobre todo a los grupos más vulnerables de la sociedad, pues los productos financieros complejos se han vendido con frecuencia a personas mayores o sin conocimientos financieros y con escasa experiencia en inversión y funcionamiento de los mercados (p. 111). En este sentido, el informe trae a colación un estudio de María Victoria Zunzunegui, doctora en epidemiología y ex patrona de la Fundación Finsalud, en el cual se reafirmaba que los fraudes financieros pueden ser importante factor de riesgo para la salud de la población.
Atendiendo al tipo de producto financiero, el 44% de las personas afectadas afirma que el fraude sufrido se relaciona con hipotecas, productos vinculados y otros créditos abusivos; y el 35% con productos de inversión. Respecto a su incidencia, el informe señala que “un 28,5% de las personas que lo han sufrido, tiene riesgo de padecer mala salud mental, frente a un 21% del conjunto de la población. Asimismo, el 46,6% de los afectados declara tener alguna enfermedad crónica, frente a un 39,9% en la población total. Un 31,1% manifiesta una mala percepción de su salud”.
Desde la Fundación Finsalud, llevamos años alertando del impacto que los fraudes financieros tienen sobre la salud de las personas. Por ello, creemos que los resultados de este estudio son prueba suficiente para que las autoridades adopten un papel más proactivo en la prevención de estos fraudes. El alto número de vecinos de la ciudad de Madrid que declaran sufrir problemas de salud como consecuencia de las malas prácticas financieras evidencia que es un problema de salud pública.
Puede consultar el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid 2018 aquí.
La educación y la inclusión financiera están atrayendo cada vez más atención. Desde la crisis de 2008, cada vez son más las instituciones y entidades financieras que están desarrollando programas orientados al crecimiento económico y la equidad social. La potencial influencia de la inclusión financiera sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento económico e, incluso, la estabilidad del sistema financiero explica por sí misma la importancia de desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar que las personas tengan acceso a productos financieros útiles que satisfagan sus necesidades −de forma responsable, ética y sostenible−.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha, hace unos años, la Red Internacional de Educación Financiera para la realización de investigaciones y el desarrollo de herramientas para apoyar a las autoridades públicas en el diseño e implementación de estrategias nacionales para la educación financiera.
Como continuación de estos trabajos, la OCDE ha publicado recientemente el informe International Survey of Adult Financial Literacy, en el que evalúa las competencias de educación financiera de la población de veintiséis países, entre ellos doce de la OCDE. Del mismo modo, el trabajo proporciona información sobre aspectos como comportamiento financiero y las behavioural finance.
Según los resultados obtenidos, el nivel de educación financiera mundial es bajo. De acuerdo con los estándares empleados, la población evaluada en el estudio obtuvo un 12.7 de 21 puntos, que representa el nivel básico de conocimiento y comportamientos financieramente prudentes. En este sentido, tan sólo el 26% de los adultos respondieron correctamente a preguntas básicas sobre intereses simples y compuestos juntos.
En consonancia con la actual crisis del COVID-19, el estudio también incluye datos acerca de la capacidad de recuperación financiera de la población (definida como ‘resiliencia financiera’). La información recabada sugiere que un 28% de los adultos encuestados solo disponen de un colchón financiero de aproximadamente una semana, si pierden sus ingresos principales. Otro 25% de la población podría resistir durante aproximadamente un mes. Y tan sólo un 15% y un 18% podrían resistir entre tres meses y seis meses y por más de seis meses, respectivamente.
El estudio también tiene en cuenta varios factores a la hora de identificar los grupos más vulnerables. En concreto, la OCDE alerta de la incidencia del género en los conocimientos financieros. Según los resultados, los hombres tienen mayor conocimiento que las mujeres. Según la OCDE, estas disparidades en la educación financiera agravan las dificultades de las mujeres para asegurar su futuro financiero y su bienestar. Asimismo, atendiendo a la edad, la OCDE pone de manifiesto la rápida evolución del sector financiero con respecto a las personas mayores, en especial, por su escasa alfabetización digital.
En los últimos años, hemos asistido a un proceso de digitalización de productos y servicios financieros que, con el fin de asimilar estos cambios, requiere fortalecer la alfabetización financiera digital de los usuarios ya que, pese a los extraordinarios y múltiples beneficios de la innovación financiera, la digitalización del sector financiero también trae consigo algunos riesgos. Al bajo nivel de educación financiera puede adicionarse ahora una falta de alfabetización digital; hecho que puede agravar la exclusión financiera de ciertos sectores de la población. De ahí, que sea imprescindible que las estrategias nacionales de educación financiera vayan de la mano de la educación digital, en especial para los no “nativos digitales”.
En un sistema financiero en el que los canales y productos financieros digitales le ganan terreno a los productos y servicios tradicionales, los consumidores precisan ya no sólo de un alto nivel de educación financiera, sino también de un comprensible conocimiento del funcionamiento de las tecnologías. En palabras de nuestro patrono y también profesor universitario Fernando Zunzunegui, “los clientes Fintech deben ser informados en lenguaje llano del riesgo de operar con algoritmos y del uso que se hace de sus datos personales. No debería admitirse la comercialización de cajas negras de riesgo desconocido”.
Si alguien alberga dudas sobre la relevancia del pacto alcanzado en el último Consejo Europeo, sólo tiene que pensar cuál sería la situación si el cónclave hubiera terminado sin acuerdo. Las crónicas de los periódicos, especialmente las de este diario, dan buena cuenta de los riesgos por los que ha atravesado el proyecto europeo durante las reuniones del 17 al 21 de julio.
El acuerdo de financiar la recuperación económica y especialmente a los más necesitados con una deuda común de 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones son subvenciones sin obligación de devolución, es un hito histórico. El contenido del pacto, sin embargo, ha sido duramente censurado por parte de los eurodiputados por los retrocesos que supone en aspectos sustanciales. Es dudoso que exista una voz más autorizada y con más compromiso europeo que el Parlamento de Estrasburgo. Por ello es muy recomendable prestar atención a las fundamentadas críticas de los eurodiputados a las conclusiones de la reciente cumbre. No se trata de retórica. Tal como ha advertido el presidente David Sassoli, “somos autoridad presupuestaria y tendremos la última palabra”.
Europa no es sólo un presupuesto y una capacidad para compartir determinadas deudas. La Unión es sobre todo una construcción de derecho que otorga a sus ciudadanos un nivel de protección y garantía de libertades que son referencia mundial. Los españoles tienen numerosas pruebas de cómo sus derechos esenciales han sido elevados por las directivas europeas y el Tribunal de Justicia.
Por esta razón es significativo que el Parlamento Europeo haya “lamentado profundamente” que el “Consejo Europeo debilitara significativamente los esfuerzos de la Comisión y del Parlamento para mantener el Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en el MFP (Marco Financiero Plurianual) y el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea”. El Parlamento había exigido vincular los fondos del presupuesto europeo al cumplimiento del estado de derecho a la vista de las violaciones ocurridas en Polonia y Hungría. La condicionalidad establecida por el Consejo es muy ambigua. Esta batalla no ha hecho más que empezar y el Parlamento tendrá un papel determinante.
Los eurodiputados ponen el dedo en la llaga al señalar otras importantes deficiencias del acuerdo. En primer lugar Europa dispondrá menos dinero. “A partir de 2024 el presupuesto de la Unión en su conjunto será inferior a los niveles de 2020, lo que pone en peligro los compromisos y las prioridades de la Unión, en especial el Pacto Verde y la Agenda Digital”.
La deficiencia de recursos es consecuencia de la falta de impuestos europeos que el Parlamento exige para garantizar la amortización del instrumento de recuperación.
En segundo lugar aumentan los descuentos de contribución al presupuesto europeo (cheques). Los beneficiarios son Alemania, Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca. El aumento de los nacionalismos es uno de los problemas de fondo. Los líderes y los medios priorizan el dinero que cada país se lleva a su casa a costa de reducir los fondos para las políticas comunitarias.
La sentencia del Tribunal General de la UE que exoneró a la multinacional Apple de pagar 13.000 millones de euros por impuestos evadidos a Irlanda como había exigido la Comisión Europea ha sido una mala noticia para la fiscalidad en Europa. La Comisión trataba de desbaratar los sistemas establecidos en varios países como Irlanda, Holanda y Luxemburgo que permiten a las multinacionales una muy baja tributación para captar inversiones y empleos de alta cualificación.
Con independencia de los argumentos jurídicos del Tribunal General (primera instancia), cuya sentencia puede ser recurrida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), el asunto deja al descubierto una injusticia insostenible. Apple sólo pagó un tipo del 1% por el impuesto de sociedades por sus beneficios en Europa en 2003 que en 2014 redujo al 0,005%. El acuerdo significa importantes pérdidas de ingresos fiscales para otros países europeos. La resolución judicial pone al descubierto la desastrosa falta de armonización fiscal en Europa y puede actuar como revulsivo para replantear la regla de la unanimidad que permite a cualquier país bloquear el más mínimo avance. El comisario de Economía Paolo Gentiloni, ha señalado que la UE pierde cada año 131.000 millones por la evasión fiscal.
Desde la creación del euro, Europa camina a la pata coja por falta de política fiscal. Esto se refleja en la falta de impuestos propios para financiar su presupuesto y mantenerlo en un volumen raquítico de entorno al 1% del PIB europeo. Actualmente los ingresos fiscales de la Unión provienen en un 12% por derechos de aduanas; 12% del IVA y un 72% de transferencias de los Estados en función de su nivel de renta.
La necesidad de financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones, o la cuantía que se acuerde, para hacer frente a la crisis puede forzar la superación de la paralizante unanimidad en materia fiscal. Gentiloni y otros líderes han planteado la conveniencia de que las medidas fiscales se adopten por mayoría cualificada con el acuerdo del Parlamento Europeo y proponen nuevos impuestos europeos que gravarían los plásticos no reciclables, las actividades digitales y las importaciones de productos generados con altas emisiones.
Los nuevos impuestos son una exigencia perentoria. Marta Pilati, del Centro de Políticas Europeas (EPC), ha calculado que solo el reembolso sin intereses de los 750.000 millones del fondo prestados por la Comisión supondría el pago de 25.000 millones al año. Para el próximo presupuesto europeo (2021-2027) significaría una carga de 175.000 millones, sin contar los intereses. Pilati advierte de que la falta de ingresos propios puede conducir a “una opción más preocupante: recortar gastos futuros en políticas de la UE”. La sentencia Apple y el nuevo fondo de recuperación urgen que Europa armonice su fiscalidad o estará condenada a la irrelevancia.
