Publicado en El País, por Andreu Missé
Por cuarta vez en poco tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha corregido al Tribunal Supremo (TS). El máximo tribunal español se resiste a asumir los derechos reconocidos a los ciudadanos en Europa. Está muy claro que hay una visión muy distinta de los derechos vinculados a la vivienda en Europa y en España. Las discrepancias se han producido en relación a distintas cláusulas abusivas de las hipotecas (suelo, vencimiento anticipado e IRPH).
La última sentencia europea del pasado día 9 ha sido por la novación de las cláusulas suelo que impiden a los hipotecados beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés. Tras la condena por abusivas de estas cláusulas en 2013, los bancos propusieron a sus clientes una pequeña rebaja de los intereses a condición de que renunciasen a reclamar en el futuro. El TJUE acaba de sentenciar sin resquicio para la duda que la renuncia a acciones judiciales sobre controversias futuras no vincula al consumidor por considerarla abusiva.
El empecinamiento de la sala Civil del Tribunal Supremo es de difícil justificación porque en estos supuestos había un magistrado, Francisco Javier Orduña, que había expresado su discrepancia, reconociendo los derechos de los consumidores en toda su extensión, cuya línea ha sido respaldada siempre por los jueces europeos.
La cuestión es grave porque la decisión del TJUE volverá a ser interpretada por el TS desde su particular perspectiva. En el alto tribunal se acumulan cientos de asuntos y en el resto hay más de cien mil de demandas que estaban pendientes de la decisión europea. Hay un problema de inseguridad jurídica. Pero cada vez son más los jueces de Primera Instancia y Audiencias Provinciales que aplican las sentencias del TJUE sin esperar al Supremo.
Javier de la Torre, el abogado de Independencia 24, que ha logrado el último pronunciamiento favorable de los jueces de Luxemburgo, está preocupado por esta situación: “Hay mucha gente perjudicada, cientos de miles de asuntos pendientes. ¿Hasta cuándo durará esta situación con unos magistrados que son inamovibles?”. El abogado advierte que “a mí no me gusta criticar al Supremo, creo que el problema se debe a que, por generación, sus miembros no estudiaron el derecho comunitario”. “Estos magistrados creen que en las relaciones entre banco y cliente hay una negociación y es entre iguales”, dice. “Me preocupa que esto afecta a la credibilidad de España y que los ciudadanos no confíen en el máximo tribunal español”.
La realidad es que hay un mal funcionamiento de la Justicia. El TS nos está alejando de Europa. Fuentes jurídicas apuntan que esta situación raya en la posible responsabilidad patrimonial del Estado, que acabarían pagando los ciudadanos. Queremos los recursos europeos, obtener puestos de representación en la UE, pero luego no aplicamos su legislación.
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El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, comparece en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica el pasado 24 de junio. FERNANDO ALVARADO (EFE)
La transformación económica que estamos viviendo exige repensar y pactar de nuevo la fiscalidad para generar ingresos y cubrir a todos los ciudadanos
La eliminación de la propuesta de crear un impuesto a las grandes fortunas ha sido recibida con alivio en los círculos económicos más influyentes. Sin embargo, la medida propugnada por Unidas Podemos o fórmulas similares está siendo debatida en numerosos países, desde Estados Unidos a Italia. La cuestión de fondo es cómo financiaremos el necesario aumento de gasto en sanidad, cuidado de mayores, pensiones y educación.
Antes de la pandemia este país ya tenía un serio problema de falta de recursos para atender nuestro modelo de bienestar, debido a un sistema fiscal ineficiente e injusto. Esta carencia se ha agravado con la crisis sanitaria. De todas las reformas pendientes, la más ignorada pero más urgente es la fiscal.
La versión ampliada de la reciente intervención del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, hizo referencia expresa a la insuficiencia de ingresos fiscales. Señaló que la recaudación impositiva, incluyendo las cotizaciones sociales, es inferior en unos dos puntos porcentuales del PIB a la media de los países del euro. La documentación aportada por el gobernador indica también que el cociente entre la recaudación total y el PIB de 2018, se situó en el 35% en España, unos seis puntos porcentuales por debajo del nivel del conjunto de la zona euro. Ambas comparaciones son pertinentes y revelan la gravedad de la insuficiencia fiscal que oscila en algún punto intermedio entre los 24.000 y 72.000 millones de euros, según los criterios mencionados.
Para Hernández de Cos, las diferencias respecto a Europa se explican en un 40% por los menores ingresos del IVA, en un 30% por la inferior recaudación por el impuesto de sociedades y otro tanto por los impuestos especiales (sobre todo hidrocarburos).
Uno de los agujeros se debe a la escasa contribución de las grandes corporaciones. Una reciente evaluación de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) asegura que “los grandes grupos empresariales eludieron el pago de más de 24.000 millones de euros en el impuesto de sociedades en los últimos cuatro años”.
La pérdida de ingresos obedece en buena medida al traslado de beneficios por parte de los grandes grupos a paraísos fiscales. En 2018, el importe exento de dividendos y plusvalías se ha disparado a más de 152.638 millones, casi sextuplicando el promedio de la década. Según estos técnicos, parte de las multinacionales españolas obtiene sus dividendos y plusvalías a través de holdings en países de escasa tributación. Las 134 multinacionales españolas cuentan con 10.967 filiales en el extranjero que declararon unos beneficios de 91.849 millones y pagaron 14.260 millones.
Para no perjudicar la internacionalización de las empresas españolas, Gestha propone un pacto entre las fuerzas políticas para sustituir la exención de dividendos por una deducción del impuesto realmente pagado. La falta de recursos se acrecienta a medida que aflora la miseria de la crisis. La transformación económica que estamos viviendo exige repensar y pactar de nuevo la fiscalidad para generar ingresos y cubrir a todos los ciudadanos.
Fernando Zunzunegui,
Patrono de la fundación FinSalud
La pandemia que estamos viviendo ha reducido los ingresos de la mitad de las familias españolas. El aumento del paro y las suspensiones de empleo ha agravado su situación financiera. Un tercio de las familias manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo primero que debe hacer una familia que ha vista caer sus ingresos por la pandemia es reducir sus gastos. Pero no todos los gastos se pueden reducir. Hay gastos fijos necesarios que hay que afrontar para vivir con dignidad. Hay que garantizar el pago de los alimentos y suministros. La vivienda también es un gasto necesario, ya sea en forma de alquiler o de cuota hipotecaria. Si los ingresos no alcanzan para pagar estos gastos se puede recurrir al crédito. Es un recurso a fondos ajenos que tiene un precio.
Buscar crédito rápido, tirando de tarjetas, es pan para hoy y hambre para mañana. El crédito revolving es la forma más cara de endeudarse. Su renovación, capitalizando intereses, es decir cobrando intereses de los intereses, crea un círculo vicioso con difícil salida. Raya en la usura. Ahora limita por el Tribunal Supremo. Cobrar de intereses más de la media publicada por el Banco de España, del 18,69% en este momento, puede ser usurario. Pero aun con este límite, es un recurso muy caro, no sostenible a medio y largo plazo.
La alternativa es acudir al crédito bancario. De hecho, la banca, consciente de su responsabilidad social en estos momentos de pandemia, está abierta a la financiación de las familias. Pero el crédito bancario tiene sus limitaciones. Los bancos deben evaluar la solvencia del cliente, es decir su capacidad de reembolso, antes de aprobar un crédito. Responden de la concesión irresponsable de crédito. Una responsabilidad que tienen muy en cuenta tras la reciente crisis financiera en las que fueron acusados del sobrendeudamiento.
En las circunstancias actuales, las autoridades financieras han anunciado su flexibilidad en la aplicación de estas normas de solvencia. Quieren que fluya el crédito a familias y empresas. Para hacerlo los bancos deben valorar la capacidad de reembolso atendiendo a las ayudas públicas disponibles y a los planes de recuperación a medio plazo lanzados por los gobiernos. No obstante, a pesar de esta flexibilidad, hay que reconocer las limitaciones del crédito bancario. Lo bancos son empresas dedicadas a la concesión profesional de crédito, con ánimo de lucro. Deben actuar con prudencia. No pueden dar ayudas a fondo perdido.
En la situación actual, las familias más vulnerables están en riesgo de exclusión social y financiera. Las ayudas financieras de los bancos deben ser completadas con ayudas sociales. Ya se están implementando. Las moratorias crediticias, las ayudas al alquiler y el denominado Ingreso Mínimo Vital son las principales. Pero falta coordinación y ajuste fino. Hay que evitar que aquellos que viven al margen del fisco con ingresos elevados pueden aprovecharse de estas ayudas. Pero, sobre todo, hay que realizar un ajuste fino de estas medidas para evitar que familias que si lo necesitan dejen de recibirlas. Son medidas administrativas rodeadas de burocracia. Hay que simplificar los trámites para garantizar que lleguen de forma inmediata a quienes lo necesitan.
Repartidores de comida esperan pedidos en un centro comercial de Singapur.EDGAR SU / Reuters / Foto de El País
La Organización Internacional del Trabajo alerta de los efectos de la pandemia sobre la población jóven
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha disparado las alarmas por el impacto de la crisis de la covid-19 en la juventud. “Los jóvenes”, dice la OIT, “son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral”. Toda su vida.
Para este organismo de Naciones Unidas, esta situación “podría dar lugar al surgimiento de una generación del confinamiento”. Considera que “los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la covid-19”. Las consecuencias adversas se reflejan en la interrupción de programas educativos, pérdida de empleo y mayores dificultades para encontrar trabajo.
Desde que apareció la pandemia, la OIT ha realizado cuatro informes sobre su impacto en el trabajo con resultados cada vez peores. El 18 de marzo apuntó que la pandemia destruiría 25 millones de empleos. Los dos informes posteriores elevaron los empleos perdidos a 230 y 305 millones, respectivamente. En su último análisis del 27 de mayo incrementó a 365 millones la disminución de ocupados y señaló a los jóvenes como los más perjudicados. En una encuesta realizada en mayo advierte de las consecuencias de la crisis para “el bienestar mental de los jóvenes”. Precisa que “alrededor de la mitad de los jóvenes encuestados son vulnerables a episodios de ansiedad o depresión desde el comienzo de la pandemia”.
En este escenario, España está muy mal. En abril, registraba una tasa de desempleo juvenil superior al 33%, el doble que la media europea, solo equiparable a la de Grecia.
Un informe del Banco de España, recogido por este periódico, destacaba el deterioro de la situación de los jóvenes tras la crisis de 2008. Resaltaba el contraste entre el aumento del nivel educativo de las generaciones actuales respecto a las anteriores y al mismo tiempo la disminución de sus salarios. Subrayaba que a partir de la crisis, la moderación salarial afectó a todos los trabajadores “pero resulta más significativa la disminución de salarios medios percibidos por los trabajadores altamente cualificados”. Los esfuerzos de los jóvenes por mejorar la preparación son claramente penalizados. Quizá sería más apropiado hablar de la generación más explotada.
Los autores del trabajo, Sergio Puente y Ana Regil, dudan acerca de si las habilidades concretas de los trabajadores cualificados son acordes con las demandadas recientemente en los puestos de trabajo.
El desajuste entre formación y demandas reales de trabajo está muy relacionado con la falta de calidad de las políticas activas de empleo, a las que se dedicaron más de 54.000 millones de euros entre 2007 y 2015, según el Institut Cerdà. Jordi Mercader, expresidente del INI, impulsor del estudio, considera que en estos momentos de extrema gravedad por la pandemia se moverán todavía más recursos. En su opinión, “la responsabilidad de la clase dirigente que se ocupa de ello ha crecido de forma exponencial”. Ciertamente los empresarios tienen mucho que hacer en todo esto.
Una trabajadora de Nissan protesta ante un concesionario de la marca en Granollers.Alejandro García / EFE / Foto de El País
Estos últimos días se ha aprobado el ingreso mínimo vital y se ha encajado el golpe del cierre de la planta de Nissan en Barcelona
El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, un derecho que actuará como un verdadero salvavidas para unas 850.000 familias en las que sobreviven 2,3 millones de ciudadanos. Se trata de una red de seguridad estatal que venían recomendando las autoridades europeas cada año desde 2014.
Los datos ofrecidos por el Gobierno sobre la vida de los pobres en nuestro país son escalofriantes y suponen un auténtico baño de realismo. Es necesario reflexionar sobre lo que significa el hecho de que más de un millón de personas malvivan con una renta inferior a 245 euros mensuales, muchas de ellas sin ingreso alguno. Es importante que este enfoque de la realidad social no sea sólo efectuado por las organizaciones no gubernamentales como Oxfam, Cáritas, Cruz Roja y bancos de alimentos, cuya labor es esencial para evitar dramas mayores, sino que constituya un objetivo prioritario del Gobierno. Estas organizaciones han visto triplicadas las peticiones de ayudas y alimentos las últimas semanas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.
La propuesta del Gobierno de conceder una renta de entre 462 euros y 1.015 euros mensuales, según las condiciones y el número de miembros de las familias, es un paso histórico por abordar la realidad social desde la perspectiva de los derechos y no de la beneficencia. Según Oxfam, los pobres necesitados son más de cuatro millones de personas. Dada la crudeza del problema debería mejorarse la iniciativa en su tramitación parlamentaria.
Estos días hemos tenido que encajar también el zurriagazo del conglomerado multinacional Renault-Nissan-Mitsubishi que ha decidido cerrar la planta centenaria de la firma japonesa en Barcelona. Más de 20.000 empleos en el aire. En esta ocasión el baño de realismo deriva de la situación española en el mercado mundial del automóvil, intensamente globalizado. General Motors vende dos veces más vehículos en China que en Estados Unidos. Y lo mismo puede decirse de las grandes empresas alemanas.
La respuesta del presidente francés Emmanuel Macron ha sido la “soberanía industrial”, es decir, que tiene la vocación de relocalizar en su país esta industria. “Nunca más productos fabricados en Francia deben abandonar el territorio”, ha señalado. Francia ha prometido ayudas de más 8.000 millones a su industria.
España es el segundo productor europeo pero no tiene ningún gran fabricante y mucho menos centros de decisión. Básicamente cuenta con plantas de ensamblaje, eso sí, altamente competitivas. Nuestro país no debe seguir la línea proteccionista porque ni tiene factorías propias ni capacidad para financiarlas. La apuesta del Gobierno por buscar financiación del Fondo de Recuperación europeo de 750.000 millones de euros para reconvertir las factorías es la que puede salvar más empleos. Por la propia naturaleza de una producción fuertemente interdependiente entre países, la respuesta europea es la más viable.
Este país afronta la peor crisis que hemos conocido en costes de vidas humanas, empleos, pobreza y graves desafíos para sectores clave como el turismo y el automóvil. Otro baño de realismo es la ausencia de estos asuntos en el debate político. La oposición, tan necesaria en una democracia, sigue ajena a estos temas, anclada en sus viejos fantasmas que tantos desastres nos ocasionaron.
Tras varias semanas de haberlo anunciado, y en estado de alarma, el Gobierno aprobó por real decreto-ley el pasado viernes 29 de mayo el denominado «ingreso mínimo vital».
Con la publicación este lunes del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se pretende una mejor coordinación con las Comunidades Autónomas en la lucha contra la pobreza, garantizando unos ingresos mínimos común complementarios a otras prestaciones autonómicas.
La medida, en linea con las existentes en otros países de la Unión Europea, debería permitir que los beneficiarios accedan a una prestación no contributiva de la Seguridad Social con un umbral de renta mínimo de 462 euros, estimando las fuentes oficiales que llegará a 850.000 hogares. De esta forma, el Gobierno promete canalizar unos 3.000 millones de euros hacia hogares desfavorecidos en términos de renta, especialmente sobre aquellos que soportan un pobreza infantil o extrema.
El momento en el que llega la aprobación de esta medida no puede ser más oportuno. De hecho, como medida temporal había sido solicitada por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guidos. Las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19 han detenido la economía y afectado a millones de trabajadores y empresarios autónomos que han visto de un día a otro desplomarse sus ingresos. Ante un escenario incierto y unas previsiones nada halagüeñas, la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables resulta indispensable. El ingreso mínimo vital es una medida más para lograr ese objetivo.
La pasada crisis económica dejó importantes secuelas en la población. La preocupación por las dificultades económicas, la subsistencia de los hogares y los riesgos de exclusión social de familias y, especialmente, de los menores, causaron importantes problemas de salud mental a cientos de personas. Se vieron afectados menores que, como consecuencia de la fragilidad económica de sus hogares, afrontaron dificultades a nivel educativo y social. Por ello, ante un nuevo escenario de necesidad, luchar contra la contra la pobreza y, en particular, contra la pobreza infantil se configura como un deber moral y político. Como sociedad, no podemos permitir cometer los errores que hace una década empujaron a la desesperación a miles de ciudadanos. Es un debate que afecta e interesa a toda la sociedad. Por esta razón, como medida estructural debería ser objeto de debate parlamentario.
Principales requisitos para solicitarlo
- Tener entre 23 y 65 años (salvo si se tienen menores a su cargo, que el límite desciende a los 18 años) e integrar una «unidad de convivencia».
- Encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que, según el art. 8, se cumple si el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables es inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación.
- Ostentar una residencia continuada e ininterrumpida en nuestro país durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
- En el caso de vivir solo, los solicitantes, se exige haber vivido durante al menos los tres años previos a la solicitud de forma independiente de los progenitores.
Puede consultar el texto íntegro, pendiente de la convalidación parlamentaria, publicado en el BOE aquí.
