COVID y el sobrendeudamiento de las familias

COVID y el sobrendeudamiento de las familias

Fernando Zunzunegui,

Patrono de la fundación FinSalud

La pandemia que estamos viviendo ha reducido los ingresos de la mitad de las familias españolas. El aumento del paro y las suspensiones de empleo ha agravado su situación financiera. Un tercio de las familias manifiesta tener dificultades para llegar a fin de mes. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Lo primero que debe hacer una familia que ha vista caer sus ingresos por la pandemia es reducir sus gastos. Pero no todos los gastos se pueden reducir. Hay gastos fijos necesarios que hay que afrontar para vivir con dignidad. Hay que garantizar el pago de los alimentos y suministros. La vivienda también es un gasto necesario, ya sea en forma de alquiler o de cuota hipotecaria. Si los ingresos no alcanzan para pagar estos gastos se puede recurrir al crédito. Es un recurso a fondos ajenos que tiene un precio.

Buscar crédito rápido, tirando de tarjetas, es pan para hoy y hambre para mañana. El crédito revolving es la forma más cara de endeudarse. Su renovación, capitalizando intereses, es decir cobrando intereses de los intereses, crea un círculo vicioso con difícil salida. Raya en la usura. Ahora limita por el Tribunal Supremo. Cobrar de intereses más de la media publicada por el Banco de España, del 18,69% en este momento, puede ser usurario. Pero aun con este límite, es un recurso muy caro, no sostenible a medio y largo plazo.

La alternativa es acudir al crédito bancario. De hecho, la banca, consciente de su responsabilidad social en estos momentos de pandemia, está abierta a la financiación de las familias. Pero el crédito bancario tiene sus limitaciones. Los bancos deben evaluar la solvencia del cliente, es decir su capacidad de reembolso, antes de aprobar un crédito. Responden de la concesión irresponsable de crédito. Una responsabilidad que tienen muy en cuenta tras la reciente crisis financiera en las que fueron acusados del sobrendeudamiento.

En las circunstancias actuales, las autoridades financieras han anunciado su flexibilidad en la aplicación de estas normas de solvencia. Quieren que fluya el crédito a familias y empresas. Para hacerlo los bancos deben valorar la capacidad de reembolso atendiendo a las ayudas públicas disponibles y a los planes de recuperación a medio plazo lanzados por los gobiernos.  No obstante, a pesar de esta flexibilidad, hay que reconocer las limitaciones del crédito bancario. Lo bancos son empresas dedicadas a la concesión profesional de crédito, con ánimo de lucro. Deben actuar con prudencia. No pueden dar ayudas a fondo perdido.

En la situación actual, las familias más vulnerables están en riesgo de exclusión social y financiera. Las ayudas financieras de los bancos deben ser completadas con ayudas sociales. Ya se están implementando.  Las moratorias crediticias, las ayudas al alquiler y el denominado Ingreso Mínimo Vital son las principales. Pero falta coordinación y ajuste fino. Hay que evitar que aquellos que viven al margen del fisco con ingresos elevados pueden aprovecharse de estas ayudas. Pero, sobre todo, hay que realizar un ajuste fino de estas medidas para evitar que familias que si lo necesitan dejen de recibirlas. Son medidas administrativas rodeadas de burocracia. Hay que simplificar los trámites para garantizar que lleguen de forma inmediata a quienes lo necesitan.

La generación más explotada

La generación más explotada

Repartidores de comida esperan pedidos en un centro comercial de Singapur.EDGAR SU / Reuters / Foto de El País
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La Organización Internacional del Trabajo alerta de los efectos de la pandemia sobre la población jóven

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha disparado las alarmas por el impacto de la crisis de la covid-19 en la juventud. “Los jóvenes”, dice la OIT, “son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral”. Toda su vida.

Para este organismo de Naciones Unidas, esta situación “podría dar lugar al surgimiento de una generación del confinamiento”. Considera que “los jóvenes se ven afectados de forma desproporcionada por la crisis de la covid-19”. Las consecuencias adversas se reflejan en la interrupción de programas educativos, pérdida de empleo y mayores dificultades para encontrar trabajo.

Desde que apareció la pandemia, la OIT ha realizado cuatro informes sobre su impacto en el trabajo con resultados cada vez peores. El 18 de marzo apuntó que la pandemia destruiría 25 millones de empleos. Los dos informes posteriores elevaron los empleos perdidos a 230 y 305 millones, respectivamente. En su último análisis del 27 de mayo incrementó a 365 millones la disminución de ocupados y señaló a los jóvenes como los más perjudicados. En una encuesta realizada en mayo advierte de las consecuencias de la crisis para “el bienestar mental de los jóvenes”. Precisa que “alrededor de la mitad de los jóvenes encuestados son vulnerables a episodios de ansiedad o depresión desde el comienzo de la pandemia”.

En este escenario, España está muy mal. En abril, registraba una tasa de desempleo juvenil superior al 33%, el doble que la media europea, solo equiparable a la de Grecia.

Un informe del Banco de España, recogido por este periódico, destacaba el deterioro de la situación de los jóvenes tras la crisis de 2008. Resaltaba el contraste entre el aumento del nivel educativo de las generaciones actuales respecto a las anteriores y al mismo tiempo la disminución de sus salarios. Subrayaba que a partir de la crisis, la moderación salarial afectó a todos los trabajadores “pero resulta más significativa la disminución de salarios medios percibidos por los trabajadores altamente cualificados”. Los esfuerzos de los jóvenes por mejorar la preparación son claramente penalizados. Quizá sería más apropiado hablar de la generación más explotada.

Los autores del trabajo, Sergio Puente y Ana Regil, dudan acerca de si las habilidades concretas de los trabajadores cualificados son acordes con las demandadas recientemente en los puestos de trabajo.

El desajuste entre formación y demandas reales de trabajo está muy relacionado con la falta de calidad de las políticas activas de empleo, a las que se dedicaron más de 54.000 millones de euros entre 2007 y 2015, según el Institut Cerdà. Jordi Mercader, expresidente del INI, impulsor del estudio, considera que en estos momentos de extrema gravedad por la pandemia se moverán todavía más recursos. En su opinión, “la responsabilidad de la clase dirigente que se ocupa de ello ha crecido de forma exponencial”. Ciertamente los empresarios tienen mucho que hacer en todo esto.

Baños de realidad

Baños de realidad

Una trabajadora de Nissan protesta ante un concesionario de la marca en Granollers.Alejandro García / EFE / Foto de El País
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Estos últimos días se ha aprobado el ingreso mínimo vital y se ha encajado el golpe del cierre de la planta de Nissan en Barcelona

El Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital, un derecho que actuará como un verdadero salvavidas para unas 850.000 familias en las que sobreviven 2,3 millones de ciudadanos. Se trata de una red de seguridad estatal que venían recomendando las autoridades europeas cada año desde 2014.

Los datos ofrecidos por el Gobierno sobre la vida de los pobres en nuestro país son escalofriantes y suponen un auténtico baño de realismo. Es necesario reflexionar sobre lo que significa el hecho de que más de un millón de personas malvivan con una renta inferior a 245 euros mensuales, muchas de ellas sin ingreso alguno. Es importante que este enfoque de la realidad social no sea sólo efectuado por las organizaciones no gubernamentales como Oxfam, Cáritas, Cruz Roja y bancos de alimentos, cuya labor es esencial para evitar dramas mayores, sino que constituya un objetivo prioritario del Gobierno. Estas organizaciones han visto triplicadas las peticiones de ayudas y alimentos las últimas semanas como consecuencia de la pandemia de la covid-19.

La propuesta del Gobierno de conceder una renta de entre 462 euros y 1.015 euros mensuales, según las condiciones y el número de miembros de las familias, es un paso histórico por abordar la realidad social desde la perspectiva de los derechos y no de la beneficencia. Según Oxfam, los pobres necesitados son más de cuatro millones de personas. Dada la crudeza del problema debería mejorarse la iniciativa en su tramitación parlamentaria.

Estos días hemos tenido que encajar también el zurriagazo del conglomerado multinacional Renault-Nissan-Mitsubishi que ha decidido cerrar la planta centenaria de la firma japonesa en Barcelona. Más de 20.000 empleos en el aire. En esta ocasión el baño de realismo deriva de la situación española en el mercado mundial del automóvil, intensamente globalizado. General Motors vende dos veces más vehículos en China que en Estados Unidos. Y lo mismo puede decirse de las grandes empresas alemanas.

La respuesta del presidente francés Emmanuel Macron ha sido la “soberanía industrial”, es decir, que tiene la vocación de relocalizar en su país esta industria. “Nunca más productos fabricados en Francia deben abandonar el territorio”, ha señalado. Francia ha prometido ayudas de más 8.000 millones a su industria.

España es el segundo productor europeo pero no tiene ningún gran fabricante y mucho menos centros de decisión. Básicamente cuenta con plantas de ensamblaje, eso sí, altamente competitivas. Nuestro país no debe seguir la línea proteccionista porque ni tiene factorías propias ni capacidad para financiarlas. La apuesta del Gobierno por buscar financiación del Fondo de Recuperación europeo de 750.000 millones de euros para reconvertir las factorías es la que puede salvar más empleos. Por la propia naturaleza de una producción fuertemente interdependiente entre países, la respuesta europea es la más viable.

Este país afronta la peor crisis que hemos conocido en costes de vidas humanas, empleos, pobreza y graves desafíos para sectores clave como el turismo y el automóvil. Otro baño de realismo es la ausencia de estos asuntos en el debate político. La oposición, tan necesaria en una democracia, sigue ajena a estos temas, anclada en sus viejos fantasmas que tantos desastres nos ocasionaron.

El Gobierno aprueba un Ingreso Mínimo Vital

El Gobierno aprueba un Ingreso Mínimo Vital

Tras varias semanas de haberlo anunciado, y en estado de alarma, el Gobierno aprobó  por real decreto-ley el pasado viernes 29 de mayo el denominado «ingreso mínimo vital».

Con la publicación este lunes del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, se pretende una mejor coordinación con las  Comunidades Autónomas en la lucha contra la pobreza, garantizando  unos ingresos mínimos común complementarios a otras prestaciones autonómicas.

La medida, en linea con las existentes en otros países de la Unión Europea, debería permitir que los beneficiarios accedan a una prestación no contributiva de la Seguridad Social con un umbral de renta mínimo de 462 euros, estimando las fuentes oficiales que llegará a 850.000 hogares. De esta forma, el Gobierno promete canalizar unos 3.000 millones de euros hacia hogares desfavorecidos en términos de renta, especialmente sobre aquellos que soportan un pobreza infantil o extrema.

El momento en el que llega la aprobación de esta medida no puede ser más oportuno.  De hecho, como medida temporal había sido solicitada por el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guidos. Las consecuencias derivadas de la pandemia de la COVID-19 han detenido la economía y afectado a millones de trabajadores y empresarios autónomos que han visto de un día a otro desplomarse sus ingresos. Ante un escenario incierto y unas previsiones nada halagüeñas, la necesidad de apoyar a los sectores más vulnerables resulta indispensable. El ingreso mínimo vital es una medida más para lograr ese objetivo.

La pasada crisis económica dejó importantes secuelas en la población. La preocupación por las dificultades económicas, la subsistencia de los hogares y los riesgos de exclusión social de familias y, especialmente, de los menores, causaron importantes problemas de salud mental a cientos de personas. Se vieron afectados menores que, como consecuencia de la fragilidad económica de sus hogares, afrontaron dificultades a nivel educativo y social.  Por ello, ante un nuevo escenario de necesidad, luchar contra la contra la pobreza y, en particular, contra la pobreza infantil se configura como un deber moral y político. Como sociedad, no podemos permitir cometer los errores que hace una década empujaron a la desesperación a miles de ciudadanos. Es un debate que afecta e interesa a toda la sociedad. Por esta razón, como medida estructural debería ser objeto de debate parlamentario.

Principales requisitos para solicitarlo

  • Tener entre 23 y 65 años (salvo si se tienen menores a su cargo, que el límite desciende a los 18 años) e integrar una «unidad de convivencia».
  • Encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que, según el art. 8, se cumple si el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales computables es inferior, al menos en 10 euros, a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación.
  • Ostentar una residencia continuada e ininterrumpida en nuestro país durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
  • En el caso de vivir solo, los solicitantes, se exige haber vivido durante al menos los tres años previos a la solicitud de forma independiente de los progenitores.

Puede consultar el texto íntegro, pendiente de la convalidación parlamentaria, publicado en el BOE aquí.

 

El coste humano de la relocalización

El coste humano de la relocalización

Emmanuel Macron y Angela Merkel, en la presentación de su plan de 500.000 millones de euros para la UE.Francois Mori / POOL / Foto de El País

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La concesión de ayudas públicas puede favorecer una fuga de industrias hacia los países de origen como Alemania o Francia

La iniciativa francoalemana de crear un fondo europeo de 500.000 millones de euros para afrontar la pandemia del coronavirus y sus consecuencias es un paso histórico en la integración europea. Lo verdaderamente novedoso, que ha sorprendido a muchos euroescépticos, es que su mecanismo de financiación se basará en el endeudamiento común. El fondo se establece en el marco del presupuesto comunitario, lo que supone que Alemania, como principal contribuyente del mismo, (27%), es el país que carga con más responsabilidades.

Este indiscutible avance hay que situarlo, sin embargo, ante los grandes desafíos de la transformación industrial,acelerados con la pandemia. El documento firmado por Angela Merkel y Emmanuel Macron incluye el plan de “modernizar la política europea de competencia acelerando la adaptación de las normas sobre ayudas estatales y competencia”.

Existe una elevada probabilidad que la concesión de ayudas públicas favorezca una relocalización desigual de las industrias privilegiando a los países donde están situadas las sedes de las empresas fundacionales.Hasta ahora Alemania ha concedido más del 50% de todas las ayudas públicas aprobadas por Bruselas, mientras que las de España representan menos del 2%. Hay un riesgo serio de desindustrialización del sur con un terrible coste humano en materia de empleo.

Carlos Martínez Mongay, ex director general adjunto de la Comisión Europea, advierte de que la modernización de los criterios de ayudas de Estado podría traducirse en “una mayor tolerancia a la profusión de ayudas públicas concedidas a las empresas alemanas”.

El futuro del mapa industrial de Europa es vital para España, sobre todo para el automóvil. Se trata del segundo fabricante europeo, que emplea a 300.000 trabajadores, dos millones de indirectos y exporta el 82% de la producción.

La pandemia ha agravado la crisis preexistente de un sector sumido en una difícil transición hacia la producción eléctrica y una profunda reorganización internacional. En estos momentos, la decidida huelga de los más de 3.000 trabajadores de Nissan en defensa de sus empleos constituye un premonitorio indicador del trastorno que viene. El cierre de la factoría barcelonesa, en medio de la reorganización internacional del grupo Nissan – Renault- Mitsubishi, podría saldarse con traslados de la producción a Renault en Francia. Al tiempo que parte de la producción de Renault en España podría ir al Reino Unido.

Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras de Catalunya, considera urgente la acción del Gobierno en Europa para salvar las plantas de Nissan. En su opinión, “es fundamental que las ayudas públicas no se canalicen exclusivamente hacia los países en los que están situadas las empresas matrices. Deben distribuirse y apoyar a toda la cadena de valor que se crea en las factorías en distintos países”.

Europa, con su facultad de autorizar ayudas y fusiones, es el único poder capaz de introducir racionalidad en la reestructuración que viene. La salida de la crisis no solo es cuestión de solidaridad en el pago de las deudas sino que también exige un racional y justo reparto del empleo.

Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Andreu Missé: “Los gobiernos deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica”

Entrevista a Andreu Missé, patrono de Finsalud

Missé alerta de que la pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental, aumentando la ansiedad y la angustia.

El confinamiento establecido para hacer frente a la propagación de la pandemia está afectando a la población de forma muy directa. Las consecuencias de esta situación abarcan factores económicos, sociales e, incluso, de salud.

Andreu Missé, patrono de Finsalud y fundador de la revista Alternativas Económicas, reconoce que los profesionales sanitarios se enfrentan a un riesgo tanto para su salud en general como por su salud mental.

Pregunta. ¿Cómo considera que afectará la crisis sanitaria y, especialmente el confinamiento, a la salud mental de las personas? ¿Cree que aumentará la demanda en la atención psicológica de algunos sectores de la población?

Respuesta. La crisis sanitaria del coronavirus y las medidas de confinamiento aplicadas para afrontarla están ocasionando serios problemas de salud mental a muchas personas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que el Covid-19 está afectando a la salud mental ahora y continuará haciéndolo en el futuro. Un estudio internacional liderado por Open Evidence, empresa impulsada por la Universitat Oberta de Catalunya, revela que la salud mental de un 46% de los españoles está en riesgo por el coronavirus. En Wuhan, origen de la epidemia, el 53 % de la población ha recibido atención psicológica.

P. La crisis del COVID-19 está provocando graves problemas a nivel económico. Además, las previsiones del Banco de España y el FMI no son alentadoras para los próximos meses. ¿Cómo cree que afectará la situación económica y laboral a la salud de las personas?

R. La pérdida de empleo es uno de los factores que más contribuyen a generar problemas de salud mental. Aumenta la ansiedad y la angustia de los desempleados. Hay que tener en cuenta que la suma de los nuevos parados, los trabajadores afectados por los ERTE y los autónomos con prestación extraordinaria se eleva a 5,25 millones de trabajadores, lo que representa el 27,2% de los afiliados a la seguridad social, según un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, (Ivie).

P. La pasada crisis financiera provocó importantes problemas de salud en la población. La pérdida de empleo, la reducción de ingresos y las dificultades para hacer frente a créditos e hipotecas provocaron numerosos problemas de salud. ¿Cuál cree que serán las principales dificultades psicológicas a las que estará sometida la población?

R. El momento más crítico se producirá cuando terminen los ERTE, porque entonces se comprobará qué trabajadores vuelven a incorporarse al trabajo con normalidad y los que quedarán en el paro porque algunas empresas habrán cerrado o reducido su actividad. Este momento provocará fuertes tensiones de ansiedad y desesperación en las personas afectadas.

P. Según un estudio recientemente publicado por el Ayuntamiento de Madrid, el impacto de la crisis del COVID-19 está afectando de desigual forma a la población. ¿Quiénes considera que son los más vulnerables? ¿Cree que será necesario establecer medidas específicas de apoyo a ciertos sectores de la población?

R.Sin duda los más afectados son los profesionales sanitarios. El riesgo es tanto para su salud en general como por su salud mental. Algunos estudios apuntan que las enfermeras que están en primera línea son el colectivo más perjudicado. Lo prioritario es dotar a estos trabajadores con los equipos de protección necesarios y aumentar el número de profesionales para que no tengan que seguir con jornadas que requieren esfuerzos sobrehumanos.

“En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello”.

P. En relación con lo anterior, ¿cree que el gobierno debería reforzar los sistemas de atención primaria y, en particular, la atención psicológica?

R. Sin duda alguna. Los gobiernos, tanto el central como los autonómicos, deberían reforzar los sistemas de atención primaria y especialmente la atención psicológica. En parte estamos pagando ahora dolorosamente los recortes irresponsables de la sanidad pública efectuados durante la última década. Una muestra de la situación de urgencia en que nos encontramos es que los Colegios de Psicólogos están ofreciendo servicios voluntarios para atender a las personas más necesitadas en todas las comunidades.

P. La OMS ha equiparado el daño psicológico de la población al que acontece en catástrofes y guerras. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.Me parece muy acertada la comparación. Las colas que estamos viendo de miles de personas acudiendo a los bancos de alimentos y comedores sociales son una imagen que se corresponden con lo que ocurre cuando se producen catástrofes y guerras. Hay que tener en cuenta que esta crisis, también miles de personas están perdiendo la vida. En Estados Unidos, por ejemplo, los fallecidos superan ya los de la guerra de Vietnam.

P. ¿Cree que si, en los años precedentes se hubiese priorizado la inversión en programas de atención a la salud mental de la población, el impacto de esta crisis sería menor?

R.La salud mental es la gran olvidada de nuestro sistema de salud y nuestro sistema económico en general que prioriza ante todo la búsqueda de beneficios. En la crisis financiera de 2008, cientos de miles de personas sufrieron gravísimos atentados a su salud tras perder sus casas o sus ahorros. Nunca se les compensó por ello. Hay que reforzar los sistemas de atención a la salud mental, pero es mucho más urgente que evitar que se produzcan impunemente los agravios, los abusos, las estafas y los expolios que tanto daño han causado. Hay que democratizar nuestra economía, poniendo los derechos y la salud de las personas por encima de todo.