La educación y la inclusión financiera están atrayendo cada vez más atención. Desde la crisis de 2008, cada vez son más las instituciones y entidades financieras que están desarrollando programas orientados al crecimiento económico y la equidad social. La potencial influencia de la inclusión financiera sobre la reducción de la pobreza, el crecimiento económico e, incluso, la estabilidad del sistema financiero explica por sí misma la importancia de desarrollar políticas públicas encaminadas a garantizar que las personas tengan acceso a productos financieros útiles que satisfagan sus necesidades −de forma responsable, ética y sostenible−.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puso en marcha, hace unos años, la Red Internacional de Educación Financiera para la realización de investigaciones y el desarrollo de herramientas para apoyar a las autoridades públicas en el diseño e implementación de estrategias nacionales para la educación financiera.
Como continuación de estos trabajos, la OCDE ha publicado recientemente el informe International Survey of Adult Financial Literacy, en el que evalúa las competencias de educación financiera de la población de veintiséis países, entre ellos doce de la OCDE. Del mismo modo, el trabajo proporciona información sobre aspectos como comportamiento financiero y las behavioural finance.
Según los resultados obtenidos, el nivel de educación financiera mundial es bajo. De acuerdo con los estándares empleados, la población evaluada en el estudio obtuvo un 12.7 de 21 puntos, que representa el nivel básico de conocimiento y comportamientos financieramente prudentes. En este sentido, tan sólo el 26% de los adultos respondieron correctamente a preguntas básicas sobre intereses simples y compuestos juntos.
En consonancia con la actual crisis del COVID-19, el estudio también incluye datos acerca de la capacidad de recuperación financiera de la población (definida como ‘resiliencia financiera’). La información recabada sugiere que un 28% de los adultos encuestados solo disponen de un colchón financiero de aproximadamente una semana, si pierden sus ingresos principales. Otro 25% de la población podría resistir durante aproximadamente un mes. Y tan sólo un 15% y un 18% podrían resistir entre tres meses y seis meses y por más de seis meses, respectivamente.
El estudio también tiene en cuenta varios factores a la hora de identificar los grupos más vulnerables. En concreto, la OCDE alerta de la incidencia del género en los conocimientos financieros. Según los resultados, los hombres tienen mayor conocimiento que las mujeres. Según la OCDE, estas disparidades en la educación financiera agravan las dificultades de las mujeres para asegurar su futuro financiero y su bienestar. Asimismo, atendiendo a la edad, la OCDE pone de manifiesto la rápida evolución del sector financiero con respecto a las personas mayores, en especial, por su escasa alfabetización digital.
En los últimos años, hemos asistido a un proceso de digitalización de productos y servicios financieros que, con el fin de asimilar estos cambios, requiere fortalecer la alfabetización financiera digital de los usuarios ya que, pese a los extraordinarios y múltiples beneficios de la innovación financiera, la digitalización del sector financiero también trae consigo algunos riesgos. Al bajo nivel de educación financiera puede adicionarse ahora una falta de alfabetización digital; hecho que puede agravar la exclusión financiera de ciertos sectores de la población. De ahí, que sea imprescindible que las estrategias nacionales de educación financiera vayan de la mano de la educación digital, en especial para los no “nativos digitales”.
En un sistema financiero en el que los canales y productos financieros digitales le ganan terreno a los productos y servicios tradicionales, los consumidores precisan ya no sólo de un alto nivel de educación financiera, sino también de un comprensible conocimiento del funcionamiento de las tecnologías. En palabras de nuestro patrono y también profesor universitario Fernando Zunzunegui, “los clientes Fintech deben ser informados en lenguaje llano del riesgo de operar con algoritmos y del uso que se hace de sus datos personales. No debería admitirse la comercialización de cajas negras de riesgo desconocido”.