Publicado en El País, por Andreu Missé
Por cuarta vez en poco tiempo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha corregido al Tribunal Supremo (TS). El máximo tribunal español se resiste a asumir los derechos reconocidos a los ciudadanos en Europa. Está muy claro que hay una visión muy distinta de los derechos vinculados a la vivienda en Europa y en España. Las discrepancias se han producido en relación a distintas cláusulas abusivas de las hipotecas (suelo, vencimiento anticipado e IRPH).
La última sentencia europea del pasado día 9 ha sido por la novación de las cláusulas suelo que impiden a los hipotecados beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés. Tras la condena por abusivas de estas cláusulas en 2013, los bancos propusieron a sus clientes una pequeña rebaja de los intereses a condición de que renunciasen a reclamar en el futuro. El TJUE acaba de sentenciar sin resquicio para la duda que la renuncia a acciones judiciales sobre controversias futuras no vincula al consumidor por considerarla abusiva.
El empecinamiento de la sala Civil del Tribunal Supremo es de difícil justificación porque en estos supuestos había un magistrado, Francisco Javier Orduña, que había expresado su discrepancia, reconociendo los derechos de los consumidores en toda su extensión, cuya línea ha sido respaldada siempre por los jueces europeos.
La cuestión es grave porque la decisión del TJUE volverá a ser interpretada por el TS desde su particular perspectiva. En el alto tribunal se acumulan cientos de asuntos y en el resto hay más de cien mil de demandas que estaban pendientes de la decisión europea. Hay un problema de inseguridad jurídica. Pero cada vez son más los jueces de Primera Instancia y Audiencias Provinciales que aplican las sentencias del TJUE sin esperar al Supremo.
Javier de la Torre, el abogado de Independencia 24, que ha logrado el último pronunciamiento favorable de los jueces de Luxemburgo, está preocupado por esta situación: “Hay mucha gente perjudicada, cientos de miles de asuntos pendientes. ¿Hasta cuándo durará esta situación con unos magistrados que son inamovibles?”. El abogado advierte que “a mí no me gusta criticar al Supremo, creo que el problema se debe a que, por generación, sus miembros no estudiaron el derecho comunitario”. “Estos magistrados creen que en las relaciones entre banco y cliente hay una negociación y es entre iguales”, dice. “Me preocupa que esto afecta a la credibilidad de España y que los ciudadanos no confíen en el máximo tribunal español”.
La realidad es que hay un mal funcionamiento de la Justicia. El TS nos está alejando de Europa. Fuentes jurídicas apuntan que esta situación raya en la posible responsabilidad patrimonial del Estado, que acabarían pagando los ciudadanos. Queremos los recursos europeos, obtener puestos de representación en la UE, pero luego no aplicamos su legislación.