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Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública

En medio del espanto en que viven los ciudadanos europeos por la mortífera epidemia del coronavirus y la penuria económica que acarrea, se ha abierto una peligrosa grieta interna en el seno de la Unión. La ruptura viene de Alemania y afecta al núcleo institucional de la construcción europea. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal de Alemania del pasado 5 de mayo cuestiona el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE), que es el instrumento más eficiente de defensa de la estabilidad financiera y económica.

La sentencia se produce después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a petición de los jueces de Karlsruhe, hubiera bendecido estas operaciones en 2018. El desafío es máximo. El Tribunal alemán trata de romper la jerarquía que atribuye al TJUE la competencia exclusiva para controlar los actos de las instituciones comunitarias. El tribunal europeo acaba de recordar que los jueces nacionales están vinculados por sus sentencias y están obligados a garantizar el Derecho de la Unión.

La respuesta europea a Karlsruhe ha sido también de una inusitada contundencia por parte del BCE y de la propia Comisión Europea, cuya presidenta, la alemana Ursula Von der Leyen, ha amenazado con expedientar a su país.

Los jueces alemanes han dado un plazo de tres meses al BCE para que explique sus operaciones. Las autoridades de Fráncfort no lo harán porque solo responden ante el Parlamento Europeo y el TJUE. Lo más probable es que sea el Bundesbank alemán, miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, quien proporcione la información solicitada por los jueces de su país. Si no les satisface podrían impedir al Bundesbank que participe en el programa del BCE. Y la crisis se agrandaría.

Hay dos asuntos clave. Primero está la cuestión institucional. Si los jueces alemanes no acatan las sentencias europeas, el TJUE queda muy debilitado para exigir el cumplimiento de sus fallos a los magistrados polacos o húngaros en sus países, en los que el Estado de derecho es preocupante.

En el terreno económico, la postura de Karlsruhe desconcierta a los bancos centrales europeos. Ven la postura alemana incoherente con el pensamiento económico alemán, que históricamente ha priorizado la lucha contra la inflación. La preocupación de los jueces alemanes por los efectos secundarios de la política monetaria sobre el resto de políticas económicas atenta contra la independencia del banco central.

Pero esto no es solo un asunto jurídico. En el fondo está el fallo histórico de la construcción del euro. La falta de política fiscal europea ha sobrecargado notablemente al BCE. Si la Unión dispusiera de la política fiscal y el presupuesto adecuado no se producirían estas tensiones. Es inaceptable y arriesgado que la Unión vuelva a estar amenazada por la insostenibilidad de la deuda pública. Algo impensable en Estados Unidos, Reino Unido o Japón, donde nadie discute que el banco central compre toda la deuda que haga falta. Volvemos a la casilla de salida. Urge una Constitución Europea que defina las competencias.

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