Publicado en El País, por Andreu Missé
La sentencia del Tribunal General de la UE que exoneró a la multinacional Apple de pagar 13.000 millones de euros por impuestos evadidos a Irlanda como había exigido la Comisión Europea ha sido una mala noticia para la fiscalidad en Europa. La Comisión trataba de desbaratar los sistemas establecidos en varios países como Irlanda, Holanda y Luxemburgo que permiten a las multinacionales una muy baja tributación para captar inversiones y empleos de alta cualificación.
Con independencia de los argumentos jurídicos del Tribunal General (primera instancia), cuya sentencia puede ser recurrida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (TJUE), el asunto deja al descubierto una injusticia insostenible. Apple sólo pagó un tipo del 1% por el impuesto de sociedades por sus beneficios en Europa en 2003 que en 2014 redujo al 0,005%. El acuerdo significa importantes pérdidas de ingresos fiscales para otros países europeos. La resolución judicial pone al descubierto la desastrosa falta de armonización fiscal en Europa y puede actuar como revulsivo para replantear la regla de la unanimidad que permite a cualquier país bloquear el más mínimo avance. El comisario de Economía Paolo Gentiloni, ha señalado que la UE pierde cada año 131.000 millones por la evasión fiscal.
Desde la creación del euro, Europa camina a la pata coja por falta de política fiscal. Esto se refleja en la falta de impuestos propios para financiar su presupuesto y mantenerlo en un volumen raquítico de entorno al 1% del PIB europeo. Actualmente los ingresos fiscales de la Unión provienen en un 12% por derechos de aduanas; 12% del IVA y un 72% de transferencias de los Estados en función de su nivel de renta.
La necesidad de financiar el fondo de recuperación de 750.000 millones, o la cuantía que se acuerde, para hacer frente a la crisis puede forzar la superación de la paralizante unanimidad en materia fiscal. Gentiloni y otros líderes han planteado la conveniencia de que las medidas fiscales se adopten por mayoría cualificada con el acuerdo del Parlamento Europeo y proponen nuevos impuestos europeos que gravarían los plásticos no reciclables, las actividades digitales y las importaciones de productos generados con altas emisiones.
Los nuevos impuestos son una exigencia perentoria. Marta Pilati, del Centro de Políticas Europeas (EPC), ha calculado que solo el reembolso sin intereses de los 750.000 millones del fondo prestados por la Comisión supondría el pago de 25.000 millones al año. Para el próximo presupuesto europeo (2021-2027) significaría una carga de 175.000 millones, sin contar los intereses. Pilati advierte de que la falta de ingresos propios puede conducir a “una opción más preocupante: recortar gastos futuros en políticas de la UE”. La sentencia Apple y el nuevo fondo de recuperación urgen que Europa armonice su fiscalidad o estará condenada a la irrelevancia.