M. Victoria Zunzunegui: “Hay una cronicidad de los problemas asociados al fraude bancario tanto en la salud física como en la mental”

María Victoria Zunzunegui (1951, Bogotá, Colombia) es doctora en medicina aunque no posee una licenciatura en este campo. Una de las pocas personas en España, asegura, en esta situación. Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, master en Bioestadística y doctora en Epidemiología por la Universidad de Berkeley (California), consiguió convalidar su doctorado gracias a la labor que desarrolló durante años en escuelas de salud pública investigando los factores sociales que afectan a las enfermedades. De reciente retiro, profesora honoraria de la Escuela de Salud Pública de Montreal –donde dio clase desde 1999– y de la Escuela Nacional de Sanidad, en 2014 puso en marcha junto a varios profesionales de distintos campos la fundación Finsalud, una organización centrada en estudiar los efectos del fraude bancario sobre la salud. Entre los promotores de la plataforma también está su hermano, Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera y fundador de un despacho centrado en este tipo de casos.

Tras la publicación de un primer estudio piloto en marzo de 2017, la fundación presentó a mediados de septiembre dos nuevos estudios en el Congreso Anual de la Sociedad Española de Epidemiología celebrado en Lisboa. Uno, con datos de la encuesta de Salud de Madrid de 2017, donde pudieron incluir preguntas sobre la prevalencia del fraude. La segunda, con una serie de entrevistas cualitativas en convenio con PAH-Madrid centradas en los efectos de estas estafas en la calidad de vida de los afectados. Zunzunegui, de pelo rizado castaño y carácter afable, explica en la librería La lumbre de Madrid los aspectos que han llevado a la fundación a considerar que el fraude bancario es un problema de salud pública. Insiste constantemente con tres aspectos: es un problema muy frecuente, tiene impacto en la salud física y mental y su efectos sobre el bienestar son proporcionales al impacto económico. Habéis estudiado y concluido que los fraudes bancarios son un problema de salud pública.  Sí, es algo que nosotros planteamos a la hora de iniciar las investigaciones y ahora podemos confirmar y decir que los son. En primer lugar, porque es algo muy frecuente, ya que por ejemplo afecta al 11% de la población adulta madrileña. Es decir, uno de cada diez adultos de la capital ha informado haber sufrido fraudes bancarios desde el año 2006. También porque las personas que han sufrido fraude tienen peor salud física, peor salud mental y peor calidad de vida que las que no lo han sufrido. En tercer lugar, porque existe un efecto de respuesta: cuanto mayor es el impacto económico, mayor es el daño en salud de las personas que contrataron estos productos.   El Banco de España, que por cierto se ha caracterizado por una permisividad y por una falta de supervisión sobre el fraude durante todos estos años, hizo una encuesta hace unos meses sobre educación financiera a partir de trabajos de la OCDE. Este año, en junio, presentó los resultados y señalaba que el 19% de los españoles entrevistados había reconocido una desavenencia grave con su banco en el último año. Esto no es directamente equivalente a fraude, pero confirma que hay un problema que afecta a una proporción muy importante de la población. Si se trata de un problema de salud pública, hay implicaciones que van más allá de la propia medicina o la investigación. Desde la gestión del Sistema Nacional de Salud a las propias decisiones políticas. ¿Cómo se debe afrontar? La primera prioridad pasa por atender a las personas que han sufrido fraude y que tienen problemas de salud mental. El Sistema Nacional de Salud cubre la psiquiatría, pero está muy limitado en apoyo psicológico. En Finsalud, por ejemplo, hemos firmado un convenio con la facultad de psicología de la UNED para que las personas que nos preguntan o piden ayudan tengan una referencia. También estamos haciendo esfuerzos por publicar nuestros resultados en la prensas científica. Es necesario que se hagan mayores y mejores estudios longitudinales, que se incluya la vigilancia de los fraudes bancarios en los programas epidemiológicos y que se haga un seguimiento como el que se puede hacer con el tabaquismo. ¿Por qué? Pues porque los fraudes bancarios no han terminado.  Empezaron a producirse antes de la crisis y han terminad por afectar a millones de españoles. Es importante esta cuestión: hay que decir millones. Las preferentes las compraron cerca de tres millones de personas. No todas sufrieron fraude, pero una proporción indeterminada sí. Solo lo del Banco Popular el año pasado hizo que 200.000 personas perdieran sus ahorros. Suma a esto las hipotecas abusivas, que han terminado muchas de ellas en ejecuciones con desahucio, y también las cláusulas suelo. Además de todo lo que está saliendo a través de la Comunidad Europea, que ha advertido que siguen ocurriendo fraudes bancarios en las firmas de hipotecas. Y, ¿por qué usamos la palabra fraude? Si buscas la palabra en la RAE pone que es una conducta contraria a la verdad que perjudica a la persona contra la que se comente. Esto es lo que ha sido: una conducta dirigida a engañar sabiendo que podía causar daños.   ¿Es un problema que también trasciende hacía factores socioeconómicos y del Estado de bienestar?  Cuando hablamos de bienestar nos referimos al bienestar económico y social de la persona y su familia. Hay jóvenes que, por ejemplo, se han visto atrapados en una hipoteca multidivisa y su vida ha cambiado drásticamente. Después de una década, esta gente debe más dinero que cuando contrató la hipoteca. Firmas en 2008 un crédito de 200.000 euros y en 2017 debes 240.000 euros. Esto son proyectos vitales atrapados. Por otro lado, la gente mayor que compró preferentes se dejó los ahorros de toda la vida. Pensaron que iban a tener una vejez cómoda y ahora se encuentran con la pensión de 700 euros. Para ellos se acabaron sus proyectos también. Todas estas personas han sido afectadas desde el punto de vista social y económico. ¿Cómo influye esto en su salud y en su bienestar? Pues de una forma drástica, principalmente por un concepto que se llama anomía, que básicamente consiste en la perdida de vínculos con la sociedad. Estas personas pierden la confianza en las instituciones, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores: la confianza en su banco, en la sucursal donde han ido toda la vida; la confianza en la sociedad, en los medios de comunicación… Y muchas veces, hasta en su propia familia. Porque estos problemas han llevado a un conflicto familiar importante. De hecho, en las entrevistas cualitativas que realizamos para los estudios muchas personas no quisieron participar porque nos dijeron que no se fiaban de nosotros. Igual que nos dicen que no confían en instituciones tampoco confían en los investigadores. Nos han llegado a comentar que no participaban porque creían que esto no servía para nada. Lo que en realidad puede ser un signo más de anomía. Esto es algo grave en una sociedad y que puede entender todo el mundo. Incluso los bancos se dan cuenta de que tienen que lavar la cara, porque si no se vienen abajo. Pero están todavía con las mismas conductas deshonestas. ¿Es exclusión social?  Bueno, yo lo diferenciaría. Es verdad que algunos de los afectados, debido al fraude, han quedado excluidos porque solo viven para tapar las consecuencias de la estafa. Muchas veces no pierden el trabajo, pero trabajan solo para pagarla. ¿Exclusión hasta que punto? No es gente que se caracteriza por vivir al margen de la sociedad, sino por haber perdido la confianza en todas las instituciones sociales. Por eso ha habido tantos suicidios, porque la anomía es el paso previo a situaciones como esa. En nuestras entrevistas para el estudio hay un comentario que está presente en muchas ocasiones: “Ustedes me están entrevistando a mí, pero no van a poder entrevistas a los que han muerto”. ¿Quiénes? Pues los que se han suicidado o los que estaban enfermos y esto les ha dado el golpe final. Es muy grave. ¿Cómo afecta este fenómeno a la desigualdad? Es complicado, porque si bien globalmente no hemos apreciado desigualdades latentes, en subgrupos si se pueden ver distintas tendencias por tipo de producto. Los fraudes que se dirigen a la inversión y el ahorro han afectado a la gente mayor, un grupo vulnerable a este tipo de situaciones. Por el otro lado están los jóvenes, a los que se hizo mucho daño a través de las hipotecas. En cuanto a género no hemos visto grandes diferencias, y por nivel de estudios hay un efecto inverso: la gente que no tiene la primaria suele tener menos riesgo, pero básicamente porque tiene menos dinero. Quien sí tiene mayor riesgo de fraude bancario son los inmigrantes, algo que hemos observado en la encuesta de salud de Madrid. Esto es desigualdad de partida o acceso. Pero, ¿y la que puede provocar? Hay un pequeño grupo, la gente con mayores recursos, que nos ha dicho en la encuesta: “Sí, perdí los ahorros, pero es algo que no ha tenido un impacto fuerte en mi economía familiar”. Es decir, el fraude no les ha llegado a afectar económicamente bien porque tenían varias inversiones, bien porque tenían otros recursos. Esas personas tienen incluso mejor salud física y mental que los que no tuvieron fraude. Es una cosa llamativa. No hemos podido saber exactamente porqué. Son detalles que lo que llevan a pensar que existe un efecto inverso, por lo que hay que seguir estudiando a estas personas. ¿Realmente se ha tomado alguna decisión política de calado en este sentido? No, realmente no. Con este problema, lo primero es conocer, como hemos hecho nosotros, que los fraudes bancarios tienen un impacto en la salud de la población. Después, los trabajadores de la salud deben investigar por qué es así. Pero políticamente hay que prevenir los fraudes bancarios. Esto pasa por exigir que instituciones como el Banco de España o la CNMV persigan estos comportamientos. Y no lo han hecho. Ellos tienen la lista de todas las transacciones financieras, y pueden acceder a la lista de afectados. Podrían intentar saber cómo están ahora, cuál es su estado y ayudarles a establecer reclamaciones, a conseguir compensaciones y a revisar su estado de salud. Pero no han hecho nada. Es un pecado por omisión. No han cumplido su misión, que es la supervisión. De verdad, no es tan difícil. Pero solo se han puesto trabas. Y cuando se ha hecho algo ha sido porque la UE lo ha exigido. Yo esto lo comento como ciudadana, no sé de cuestiones legales. Pero no puede ser que tengamos un Banco de España que ante esta catástrofe no haya hecho nada. Aquí hubo fraude antes de la crisis con la venta de productos tóxicos, durante la crisis con la movilización del ahorro a través de la venta de preferentes y otros productos, y después de la crisis cuando han mantenido leyes injustas, como la Ley Hipotecaria y la omisión de cuestiones como la dación en pago. Perder la casa y quedarse con la deuda es un escándalo de un tamaño tan grande… Yo como ciudadana pienso: ¿qué es lo que pasa? Nos están tomando el pelo, todo el tiempo. Y eso no se ha acabado.  ¿Qué hay de la estratificación del problema y de los efectos en el largo plazo? ¿Puede llegara a ser irreversible? Los efectos en el largo plazo no los conocemos. Hasta ahora, hemos hecho una fotografía sobre la situación actual. Sabemos que estas personas están mal, pero no si dentro de cinco años estarán peor o si hace cinco años estaban en malas condiciones. Lo que sabemos es que, como media, hace un lustro que sufrieron el fraude y ahora están en una mala situación. Si pensamos en cómo evolucionará… Bueno, si hacemos un paralelismo con otros tipos de estrés crónico, es posible que sea cada vez peor. Sabemos, por ejemplo, que la pobreza, el desempleo o la violencia provocan estrés crónico, además de ser una limitación de recursos materiales. Todo esto está demostrado que produce efectos biológicos y que lleva a trastornos graves que se manifiestan como enfermedades. Esa sería la analogía por la que podemos pensar que los fraudes actúan igual.  ¿Cómo ha sido el recibimiento de vuestra investigación y propuestas por los partidos políticos?  No quiero ser negativa… En la fundación somos pocos y tenemos recursos limitados. Pero en la primavera de 2017 hicimos una rueda de prensa en el Circulo de Bellas Artes de Madrid que fue masiva y a la que acudieron muchos afectados. Sin embargo, invitamos a todos los partidos políticos, enviamos correos a los representantes del Congreso… Y no vino absolutamente nadie, de ningún partido. Hemos salido de vez en cuando en prensa, y solo nos llamaron preguntando qué estábamos haciendo Josep Maria Vendrell y Marta Sibina, diputados de Podemos que me invitaron a una entrevista que tuvo lugar en el Congreso. No te puedo decir otra cosa. Realmente, cuando salió Bankia a la bolsa y se empezaron a descubrir fraudes en 2013, hubo mucha cobertura sobre temas como las preferentes, pero ahora parece un tema amortizado. Hemos hecho público el problema, lo hemos llevado a distintos foros… Pero la contestación es muy pequeña y no tenemos contacto con ningún grupo político.  ¿Y con las entidades bancarias y financieras? Bueno, hemos presentado algún proyecto de investigación a fundaciones, como la de Bankia… Y tampoco. De hecho, presentamos la iniciativa de Finsalud a los Premios de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), ya que creíamos que cumplíamos todas las características y poseía una función pública. Finalmente, el de nuestra categoría lo ganó Amancio Ortega… En cualquier caso, es posible que podríamos haber hecho más cosas y enfocarnos más hacía fuera. Pero nuestro objetivo hasta ahora ha sido producir investigación científica sólida, un cuerpo de bibliografía para que otros puedan seguir. Hay temas que trascurren paralelamente al del fraude. Algunos no llegan a esta categoría, pero pertenecen a la esfera de un sistema bancario abusivo, como los desahucios…  En la mesa que presentamos en Lisboa había cinco comunicaciones nuestras y una sexta, presentada por Hugo Vázquez, que venía desde Barcelona, que estaba centrada en la desigualdad residencial y su efecto en la salud. Muchas personas también han sufrido por alquileres abusivos, por hipotecas que no han podido pagar y que el banco no ha querido resolver. Es absurdo pensar que la gente no quiere pagar las hipotecas. Ellos quieren conservar su vivienda, que es lo más importante. Pero en la mayoría de las ocasiones los bancos no han querido dar las condiciones para que eso ocurra, generando una inseguridad terrible. ¿Qué ha ocurrido en otras partes de Europa o del mundo con este tema? ¿Habéis podido hacer un estudio comparado?  Solo hemos encontrado un estudio previo sobre los efectos del fraude bancario en la salud, que se hizo en Estados Unidos en 1990. Fue un fraude piramidal, parecido al de las preferentes. Son los resultados de una investigación que encargó Oregón a la Universidad del Estado. Ese artículo demuestra las mismas cosas que nosotros encontramos en nuestro primer estudio. Se hizo también sobre voluntarios que habían sufrido el fraude y que terminaron mostrando peor salud física y mental. En el caso de Europa, el problema es que no hay ni el más mínimo punto de comparación. De hecho, intentamos hacer un estudio europeo. Incluso hicimos una propuesta de investigación para que se financiara desde Canadá, conseguimos colaboradores europeos… Pero al final no pudimos llevarlo a cabo porque las condiciones de los otros países no eran como las nuestras. En todos los países –Portugal, Bélgica, Inglaterra o Italia– los gobiernos, en mayor o menor medida, han recompensado a las personas que perdieron los ahorros y han sancionado a los bancos. El último caso fue Portugal. Tenían un litigio con una suerte de fraude parecido a las preferentes, y el actual Gobierno compensó a 30.000 víctimas. Atención a la cifra: los números están muy lejos de parecerse a los de aquí. Es decir, los gobiernos europeos actuaron y admitieron su responsabilidad, su fallo de supervisión. Aquí eso no ha ocurrido. Por esto no pudimos encontrar socios para hacer el estudio. Cada vez que hablamos con una persona interesada, finalmente nos dijo: “Eso a nosotros no nos pasa”. La experiencia de España es única, un fraude masivo que han cometido los bancos contra la población por inacción de las instituciones y con una falta de imputabilidad total. Aquí nadie ha perdido perdón. Yo digo que ha habido cero rendición de cuentas. Quizá exagero. Entrevista publicada en la Revista Contexto