Finsalud sigue de cerca el problema de la exclusión financiera de los consumidores vulnerables, en concreto, de la tercera edad.
Recientemente, ha sido noticia la campaña viral en change.org iniciada por Carlos San Juan de Laorden de 78 años que revindicaba un trato financiero humano del que carece hoy en día este colectivo debido a los cierres de las oficinas físicas y la apuesta por la digitalización de la banca.
Por esta razón, el Gobierno ha querido impulsar la protección de consumidores vulnerables a través de su Ley 4/2022, de 25 febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica publicada en el BOE el pasado 1 de marzo de 2022. Esta normativa incluye por primera vez la defensa de las personas consumidoras a través de definición de la figura del consumidor vulnerable definiéndola como “aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad.”
La Ley distingue a uno de los grupos más numerosos de consumidores en España, las personas mayores, colectivo al que se dirige directamente, destinando dos de las disposiciones adicionales introducidas a fin de mejorar sus relaciones comerciales con empresarios. Según los datos tenidos en cuenta para la aprobación de la Ley 4/2022, obtenidos del (INE) de enero de 2020, hay 9.278.923 persona de 65 o más años para un total de población española de 47.332.614, lo que supone que un 19,6% del total de la población. Además de tratarse de un colectivo tan significativo, se trata de un sector de la población al que toda sociedad debe darle una protección reforzada debido a la precipitación en la digitalización ante la creciente competencia por parte de las Fintech, viéndose reflejado en que el uso de internet de forma frecuente por personas de entre 65 y 74 años se sitúa por debajo del 60 %, muy lejos del 83,1 % del total de la población mayor de 16 años, de acuerdo con datos del INE. Además, este sector de la población se ha visto afectado por el cierre de sucursales que han pasado de 46.118 sucursales en septiembre de 2018 a 20.387 en la actualidad, suponiendo un descenso del 55,72%. Estos datos cobran mayor notoriedad en el hecho de que en España de un total de 8.131 municipios, 4.433 no tengan oficina bancaria, suponiendo un 54%.
En este contexto, la Ley establece la obligación del Gobierno de promover, en coordinación con el Banco de España como supervisor, y representantes del sector de entidades de crédito un Plan de Medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquéllas de mayor edad. Entre las medidas que el Gobierno pretende impulsar están las siguientes:
- Que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos.
- Incrementar el personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.
- La instalación de señales e indicaciones de prioridad en el uso de los cajeros automáticos por parte de personas vulnerables y promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de este colectivo.
- Implementar tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras.
- Garantizar una máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas on line.
- Implementar cuantas medidas se consideren necesarias tanto como para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera, como para acercar los servicios financieros a todas las personas, especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.
Además, como otras iniciativas para evitar la exclusión financiera, el Gobierno continuará impulsando junto con la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A., la instalación en sus oficinas de cajeros automáticos en pequeños núcleos de población sin este tipo de servicios o la firma de acuerdos de colaboración con las entidades bancarias para la realización de operaciones de ingreso y retirada de efectivo.
Por último, cabe mencionar que el Gobierno en el plazo de tres meses siguiente a la aprobación desde la entrada en vigor de la ley, promoverá las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a los consumidores y usuarios en situación de vulnerabilidad que lo demanden, sin discriminación motivada por «brecha digital».
La Fundación Finsalud tiene como prioridad la inclusión financiera de este colectivo que se ha visto afectado por la pérdida de contacto personal con el sector bancario tradicional debido a la digitalización, además del cierre de sucursales acontecido, sobre todo, en zonas rurales.
La agenda de los objetivos 2022 de la Fundación Finsalud persigue esta inclusión financiera tratando de garantizar un sector financiero con buenas prácticas y que permita a todos los colectivos al acceso de efectivo y a los servicios de pago. La igualdad es un valor esencial en las relaciones con los consumidores y Finsalud siempre ha tenido esto como referente.
Desde la Fundación, consideramos que esta ley va en buen camino para favorecer la inclusión financiera de la tercera edad.
