Publicado por Luis Javier Sánchez en Lawandtrends
Cerca de un millón de ahorradores han sido afectados por el fraude de las preferentes o el de las hipotecas multidivisas, según datos proporcionados por FInsalud, fundación de la que son patronos entre otros el doctor en derecho bancario Fernando Zunzunegui o Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN. De este total, solo unos 200.000 van a ejercer su derecho a recurrir y luchar por su dinero. Desde esta entidad se viene trabajando desde hace diez meses en un proyecto de investigación singular. Se trata de comprobar hasta qué punto el fraude bancario sufrido por estos ciudadanos ha generado un daño importante en su salud y si se logra esa causalidad buscar una compensación por daño moral.
En la tarde de ayer, estuvimos en la sede de FInsalud muy cerca de la Puerta de Sol donde tuvo lugar una sesión informativa para explicar el proyecto a muchos ahorradores afectados. Tras la charla, estos perjudicados rellenaron un cuestionario para comprobar realmente cuál es su estado de salud y si éste ha empeorado a raíz de esta mala práxis bancaria. Los impulsores de esta investigación pretenden contar con al menos cuatrocientos testimonios para de ahí realizar el proyecto piloto que, con fondos europeos, pudiera superar las 2.000 entrevistas. Este proyecto financiado con los fondos de la fundación y sus patronos no ha encontrado, pese a su fin social, apoyo ni de la CNMV ni del Banco de España por el momento.
Relación entre el fraude y el estado de salud
En una hora, las tranquilas oficinas de Finsalud van a estar sometidas a la falta de espacio por las apreturas de soportar una riada humana que viene con el reclamo de que, además de recuperar su dinero mal invertido por ese exceso de confianza, puedan tener derecho a una posible compensación por esos daños morales ante una salud deteriorada. No queda ningún sitio en la amplia mesa donde están sentados estos ciudadanos engañados. Los periodistas que hemos acudido a esta sesión informativa también nos levantamos. Frente a nosotros muchas caras tristes de personas mayores que hacen silencio ante la petición de Milena, profesional de la Fundación que va a explicar el objeto del estudio. Cerca de ella, dos juristas de primera línea escuchan de pie lo que dice. Fernando Zunzunegui, experto en derecho bancario y alma máter de la Fundación y Eugenio Ribón, asesor jurídico de CEACCU y profundo conocedor del derecho de consumo. Dos buenas fuentes informativas a los que los ahorradores al final de este encuentro no dejan de hacerles preguntas. Y es que en este país nadie se ha preocupado por fomentar la cultura financiera en nuestra sociedad.
Empieza la reunión, Milena Gobbo hace una introducción que nuestros invitados, sentados en silencio conocen muy bien en sus carnes “En España se han vendidos productos tóxicos aprovechando la confianza de las personas. Se ha vulnerado esa relación tan estrecha como la que existe entre médico y paciente. Los bancos, en tiempo de crisis y sin liquidez han colocado productos toxicos a sus clientes sin importarles los riesgos que éstos han asumido”, apunta. El estudio que está en marcha pretende centrarse en afectados por preferentes, hipotecas multidivisa y accionistas de Bankia. Más de un millón de afectados “Con este estudio de investigación pretendemos demostrar que hay una causa directa entre el citado fraude bancario y el estado de salud de cada uno de ustedes”; sigue explicando Milena. Los primeros datos que se tienen señalan un cambio importante en la vida de estas familias “surge el estrés, se pierde la autoestima y en muchos casos la gente se aisla. También el ritmo de sueño se interrumpe como las ganas de comer. En determinados casos aparecen el alcohol y el tabaco que intentan tranquilizar a esas personas en vano”, subraya.
Falta apoyo instituciones al proyecto
La dificultad del proyecto la comenta el propio Fernando Zunzunegui, se necesita la colaboración de los afectados para que rellenen un cuestionario tipo, el mismo para todos, y de ahí poder tabular las respuestas en uno u otro sentido. Con esa información lo que se pretende es establecer causas para que de una forma científica el informe ante un juez pueda derivar en otras responsabilidades a nivel de daños morales. “Con los primeros datos preliminares se observa un deterioro de la salud mental de estas personas, alrededor del 90 por cien tiene esos problemas”, apunta. La esperanza está en la judicatura, tan sensible a este tipo de cosas y que ya en una ocasión una jueza de Sevilla en una sentencia señalaba el daño moral producido por el perjuicio económico “ Hay que darse cuenta que nuestra legislatura se activa cuando hay un problema, los sucesos de la colza generaron en los años ochenta la Ley General de Consumidores y Usuarios “ Este tipo de situaciones no pueden generarse en un sistema democrático y no puede ser tan fácil engañar a la gente”; apunta Eugenio Ribón, especialista en derecho de consumo, quien está convencido que dentro de unos año tendremos el daño moral bancario incluido en nuestro sistema legislativo de consumo.
Lo que pretende este estudio, el primero que se hace en España de este tipo, siguiendo cánones de investigación rigurosos, es establecer la causalidad entre el deterioro de la salud de estos ahorradores y su fraude bancario. El siguiente paso será cuando esté concluido publicar sus conclusiones en una revista del sector. Luego se espera tener apoyo de fondos europeos para profundizar en esa causalidad que preocupa a los patronos de FInsalud. Un proyecto de envergadura, de claro fin social que hasta la fecha no ha contado con el apoyo de ninguna institución pública financiera ni de otro ámbito. “Hay que darse cuenta que la compensación por daño moral ya es habitual en muchas instituciones como colegios u hospitales. Aquí estamos hablando de un millón de personas afectadas en su salud por las trampas de los bancos”, reflexiona Zunzunegui mientras todas las miradas se clavan en él. Uno de los temas claves del citado estudio es concretar cuánto dinero ha perdido cada ahorrador y respecto al total de sus ingresos cuánto supone en porcentaje.